A partir del 1 de marzo, los camiones que circulen por la ruta nacional N°3 y pasen por el municipio de Río Gallegos deberán pagar una tasa especial que va desde los $3.000 (para vehículos de hasta 25 toneladas) hasta los $10.000 (para los de mayor envergadura).

La norma, que fue aprobada el 23 de diciembre el Concejo Deliberante de Río Gallegos, desató un verdadero revuelo entre los transportistas, que denuncian una especie de “peaje encubierto” en una ruta de jurisdicción nacional.

Los damnificados sostienen que la medida es "inconstitucional" ya que va en contra de los artículos 9, 10 y 11, que prescriben que la circulación territorial está exenta del poder impositivo. Además, sienta un peligroso antecedente ya que, de implementarse, cualquier municipio del país podría arrogarse el derecho a hacer lo mismo sobre vías nacionales encareciendo de manera exponencial el costo del transporte de carga y afectando negativamente a la actividad productiva.

Cabe destacar que la ciudad de Río Gallegos es el único lugar de paso habilitado para que circulen camiones que tienen como destino la provincia de Tierra del Fuego o la localidad de Punta Arenas en Chile. El control será realizado por los agentes de bromatología local cuando los transportistas pasen por el puesto de Güer Aike.

“Es arbitrario y discriminatorio. Solo nos cobran a las empresas de Tierra del Fuego. Cuando cualquier ciudadano carga combustible en Santa Cruz, el ticket dice que estamos pagando un impuesto para el mantenimiento de las rutas”, dijo Darío Loreto, secretario de la Asociación de Transportistas de Tierra del Fuego.

La medida también generó rechazo en los transportistas chilenos, que ya amenazaron con tomar medidas al respecto. Desde la Asociación de Dueños de Camiones de Magallanes (ASODUCAM), el presidente del gremio, Miguel Cárdenas, calificó la medida de “unilateral, abusiva y antojadiza” y que “no responde a acuerdos bilaterales ni a la reciprocidad que debería existir en la relación de ambos países”.

Sin embargo lo que ninguna de las entidades explica es que el cuestionado canon está en vigencia desde hace varios años, y que inexplicablemente, varios jefes comunales decidieron no aplicarlo o modificarlo. La intención del Municipio de Pablo Grasso es aplicar un incremento de 10 mil módulos, lo que llevará la tarifa a $ 3.640 por viaje.

Esto significa que actualmente el valor que abonan es de $ 364 pesos por la utilización de la infraestructura vial de la capital provincial en su paso de viaje hacia otros destinos, un valor irrisorio considerando el valor de la mercadería transportada en muchas de las unidades que hoy cuestionan la aplicación de un canon que, nadie dice, está desde hace tiempo en plena vigencia.

La exigencia del SOAPEX en Chile que según la compañía ronda entre los U$S 15 a U$S 20, está incluso muy por encima de esta efímera tasa. Incluso los propios automovilistas de la capital de Santa Cruz abonan en concepto de impuesto, valores muy superiores a los que abona un camión de gran porte que usufructa la estructura vial que pertenece a la ciudad.