Causa GIRSU fondos ambientales: Ex intendentes podrían ser procesados por Bonadio

EL PAÍS 05 de enero de 2019
Entre los santacruceños están Raúl Cantín, Teodoro Camino, Matías Mazú, José Ramón Bodlovic y José Córdoba. Son cerca de 100 jefes comunales de todo el país. Se los investiga por el supuesto desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Los fondos habían sido distribuidos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015. Aseguran que tras la feria habrá novedades judiciales en la causa.
Cantin

Fuentes judiciales aseguran que tras la feria estival, habrá novedades por parte del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa medioambiental que investiga el destino de 604 millones de pesos, de los que se beneficiaron más de 100 municipios entre 2013 y 2015.

El magistrado ya tomó declaración indagatoria a parte de los jefes comunales desde mediados del año pasado, para saber si el dinero fue a parar a las obras que se planificaron. Con las testimoniales, el magistrado adelantó a su entornó que habrá novedades en la causa tras la feria judicial.

El programa en cuestión se denominó GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), sobre el cual se realizó una auditoría -junto con la Sindicatura General (SIGEN)- que arrojó irregularidades y manejos poco claros. Inmediatamente, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Bolado, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Rívolo. Resultado: dictamen ante Bonadío, quien ya procesó, entre otros, a dos ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.

El análisis de la información, luego de que Bonadío ordenó enviar auditores a varios municipios para corroborar el estado de las obras, permitió al juez concluir que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos (casi la totalidad, dados a comunas peronistas o de aliados); además de otras irregularidades, como la ausencia de estudios de factibilidad; falta de control en la ejecución de planes; transferencias pendientes de rendición; modificaciones e incuplimientos de proyectos; o solicitudes aprobadas sin cumplir requisitos o con tiempos disímiles: algunos en dos meses y otros en seis años.

Bonadío ya tiene sobre su escritorio los informes de cada uno de los distritos beneficiados, que requirió al área legal del ministerio a cargo de Sergio Bergman. A eso se sumó las declaraciones de los jefes comunales, citados a indagatoria desde mediados del año pasado. Desde abril hasta octubre, un centenar de intendentes y ex jefes comunales debieron pasar por el Juzgado de Bonadío para realizar su indagatoria en el marco de la mega causa.

En el caso de Santa Cruz, José Córdoba por Caleta Olivia debió concurrir el pasado 24/05; Matías Mazú ex intendente de Río Turbio, hoy diputado provincial fue el 05/06; José Bodlovic ex jefe comunal de Piedra Buena también diputado provincial, concurrió el 29/06; Raúl Cantín ex intendente de Río Gallegos Bonadío le tomó la indagatoria el 16/08 y Teodoro Camino ex intendente de Las Heras y hoy Ministro de Trabajo de Santa Cruz, se presentó en Comodoro Py el 30/08 del año pasado.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, denuncia que hubo carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

Se suponía que los municipios recibían millones para cambiar o mejorar sus políticas de tratamiento de residuos, con el objetivo de mermar los efectos de la acumulación de basura. Los proyectos estaban destinados a erradicar basurales a cielo abierto, comprar maquinarias y vehículos para la recolección y realizar campañas de concientización. Otros también apuntaban a construir o ampliar plantas de tratamiento, de relleno sanitario, fomentar la separación de origen y las plantas de reciclado. Los intendentes presentaban los proyectos y el Ejecutivo giraba el dinero pero luego nadie controlaba qué se hacía o se dejaba de hacer con el dinero.

De los primero 121 proyectos analizados en el expediente se probó que los intendentes solo realizaron 22, es decir, apenas el 18 %. El resto, un 36 % (44 casos), se cumplió de forma parcial o con observaciones y el 46 % ni siquiera se hizo (55 proyectos). En los casos en los que los municipios dijeron que destinarían el dinero para “campañas de concientización”, no se hallaron registros, folletos o cualquier otro material que demostrara que se realizaron. En otros casos se pudo constatar la compra de parte del equipamiento para las plantas de separación de residuos pero este nunca fue instalado o utilizado.

EL CASO DE RIO GALLEGOS

Entre los casos más significativos figura el del Municipio de Río Gallegos, dónde el Juzgado investiga el destino de más de $60 millones (el 10% del total) que fueron girados para concretar el traslado del Vaciadero, el que nunca se concretó. La resolución 198 de la Jefatura de Gabinete, del 30 de diciembre de 2013, en ese momento a cargo de Jorge Capitanich “aprobó un desembolso de $ 25.176.903,60”. El municipio hizo una primera rendición, pero después pidió más fondos y cambió el proyecto.

Así en marzo de 2015 y sin que aún se hubiera aprobado la primera rendición se solicitó una ampliación de fondos por $ 59.455.148. De ese total, en octubre de 2015, se realizó un segundo desembolso de $ 34.278.245,25″. La obra fue adjudicada a la empresa Edisud S.A.

El juez ordenó, por pedido del fiscal Carlos Rivolo, una auditoría. Por esa razón en 2017 el equipo de inspectores llegó a Río Gallegos y en su informe le indicó al juez que “no se construyó la planta de transferencia proyectada”, que “el proyecto original no resolvía problema alguno” y además lo calificó de “inviable”.

También señaló Rívolo en su pedido de indagatoria que “se han gastado más de $ 38 millones sin que se haya mejorado en nada el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”.

Según la citación a indagatoria, pedida por el fiscal, los fondos fueron distribuidos entre 2013 y 2015 “sin control” y de “manera arbitraria y con “desigualdad”. También, que el dinero fue direccionado principalmente a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, que obtuvieron casi el 80% de las partidas destinadas al programa. Al mismo tiempo se negaron fondos a intendentes de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, y a la jefatura porteña.

En la localidad de Las Heras, bajo la gestión de Teodoro “Lalo” Camino: el resultado del relevamiento fue peor: se pidió dinero para hacer una Planta de RSU, erradicar el basural, compra de equipamiento y vehículos, pero no sólo no se hicieron las obras, sino que tampoco hay documentación relacionada con el gasto de los ocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y nueve pesos ($ 8.645.659) que fueran girados.

De acuerdo a lo que publicó el diario Perfil, el magistrado ya tiene casi listo el auto de procesamiento para todos los jefes comunales pero, debido a la causa de los cuadernos, la decisión final pasó para el reinicio del año judicial en febrero de 2019.

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