El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó por "ilegítimas" las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa YCRT que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior, y denunció a su antecesor, Omar Zeidán, por "desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio" de la compañía.

En sus redes sociales, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, "días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente" y explicó que esas designaciones se fundamentaban "en supuestas 'inversiones programadas', las 'inmejorables condiciones creadas por el gobierno' de Macri y la necesidad de contar con mayor personal".

Para Fernández, esos argumentos eran "todas falacias", ya que "las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa".

En ese marco, anunció que procedió a "la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones" y anunció que instruyó "la correspondiente denuncia penal contra el interventor saliente por franca desviación de poder y por delitos de acción pública en perjuicio de YCRT".

El interventor de YCRT señaló además que su antecesor en el cargo "pretendió despedir más de 500 trabajadores en 2018, amparándose en la supuesta inviabilidad de la empresa y en el procedimiento preventivo de crisis, mientras que los ingresantes a planta no cumplían con las condiciones de residencia, idoneidad ni capacitaciones, ni presentaron exámenes preocupacionales ni antecedentes penales".

Además, dijo que "no existía previsión presupuestaria para las contrataciones" y que en realidad "procuraron la coptación de YCRT luego de haber perdido las elecciones".

En declaraciones que realizó a C5N, Fernández cuestionó "las barbaridades que hicieron y las justificaciones que dieron" al firmar las resoluciones para contratar al nuevo personal. "Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor", concluyó.

En los fundamentos de la resolución firmada por Fernández expone, entre otros puntos, lo siguiente:

1. En cuanto a la resolución que firmó Zeidán y permitió los pases a planta, sostuvo que “la mencionada tuvo como ciertos hechos o antecedentes inexistentes respecto a la viabilidad financiera de realizar las contrataciones que exceden la materia de lo opinable e impiden caracterizarlo como un acto administrativo regular”; y que “el acto resulta carente de causa, en virtud de la falacia y falsedad de las circunstancias que se encuentran en su considerando, según queda acreditado cabalmente con los informes adjuntos a las presentes actuaciones. Además de haber sido dictada la resolución citada Ad Referéndum de la autoridad de aplicación y no haber resultado jamás convalidada”.
2. “Que también debe especificarse que las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas desde el mes de agosto de 2019. En virtud de diferentes medidas de fuerza llevadas adelante por el personal lo cual pone aún más de manifiesto la inexactitud los argumentos  en el considerando del acto”.
3. ATE señaló -de acuerdo a la resolución-  que quienes ingresaron “no cumplen con los requisitos convencionales para vacantes y reemplazos como son las condiciones de residencia, idoneidad, capacitaciones, condiciones totalmente omitidas por YCRT”
4. “Que conforme resulta del Informe de la Subgerencia de Administración y Finanzas respecto de la situación tributaria de este Ente, se registra una deuda ante el Organismo Federal de recaudación cercana a los $6.000.000.000, monto equivalente a dos presupuestos anuales de este organismo, la cual se ha visto incrementada exponencialmente durante la gestión de la anterior intervención, sobre todo en el componente de deuda para con el sistema de Seguridad Social”.
5. “Que la misma área produjo asimismo el informe que certifica que, a la fecha de las designaciones, no existía previsión presupuestaria para atender tal erogación, ni tampoco dicha previsión fue contemplada en el Proyecto de Presupuesto remitido al Honorable Congreso de la Nación para el ejercicio 2020”.
6. En tanto, se marcó que el área de Recursos Humanos informó que los ingresantes “en su mayoría” no realizaron preocupacional ni contaban con el certificado de antecedentes penales.
7. También que el interventor -Omar Zeidán- “no se encontraba habilitado para proceder a la incorporación en planta permanente  de esa cantidad de agentes”.
8. Incluso advirtió que “el personal de revista fue seleccionado con absoluta discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa”.
9. Por lo anterior declaró “nulo de nulidad absoluta” la incorporación de los 417 agentes.