Se trata de un polémico contrato para la construcción de un gasoducto en San Cruz por 218 millones de dólares. El contrato se negoció sin licitación pública, sin auditorías y “con sobreprecios” en las últimas semanas del gobierno de Cristina Kirchner como presidente de la Nación. Además, se le entregó a la empresa BTV un adelanto de 70 millones de dólares el 2 de diciembre del 2015 sin que la obra, hasta el momento, haya comenzado, entre otras irregularidades. Es decir, 8 días antes de entregar el poder al gobierno de Mauricio Macri. El resto de los 218 millones no se alcanzaron a entregar porque el entonces ministro de Energía de Cambiemos, Juan José Aranguren ordenó frenar los pagos.

La  titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, denunciará mañana ante la justicia federal a De Vido, al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, a los ex secretarios de Energía Daniel Cameron y Mariana Matranga, al ex titular del ENARGAS, Antonio Pronsato y al presidente de la empresa BTU, Carlos Mundin. La denuncia incluye a los ex miembros de Nación Fideicomisos Enrique Arceo, Gabriel Camilletti, Daniel Celestino Fernández, Roberto Mandolesi, Daniel Moreno, Patricia Finvarb, Marias de las Mercedes Archimbal, Cecilia Carabelli, Federico Marongiu, María Suárez Villabona y Federico Casanovas y a los directivos de la empresa estatal Distrigas Oscar Riego y Segundo Santana.

Los acusados serán denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado y quizás lavado de dinero.

La empresa BTU ya había sido investigada, como subcontratista en las causas Skanska y Odebrecher. Su titular Carlos Mundín había contestado por entonces que “nosotros no pagamos coimas y no presentamos sobreprecios. Y acá nos ven: no somos una empresa fantasma. Tenemos 120 empleados, 25 de ellos ingenieros".

En la denuncia de la OA, adelantaron a Clarín fuentes del gobierno, se afirma que “se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”.

Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a 2.500 usuarios de pequeñas localidades del norte de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano. El proyecto original consistía en un paquete de obras que debían contar con un mismo financiamiento y se dividió en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Se aclaró desde un inicio que, debido a las extensiones del territorio y la densidad de población, algunas partes eran más rentables que otras que no lo eran, como la etapa 3 sobre la que versa la denuncia.

En cuanto al supuesto fraude, la OA sostendrá que “desde su inicio, las partes dispusieron cambios en el proyecto original que implicaron una alteración de su objeto, un aumento injustificado de precios y alteraciones en las condiciones de emisión de los instrumentos de financiamiento que tuvieron como objetivo defraudar al Estado Nacional y beneficiar a quienes formaron parte de la obra”. Las fuentes comentaron que, tras las renegociaciones, el nuevo valor base del contrato en la etapa III, medido en dólares, "fue 771 % mayor que el monto consignado en el Contrato de Fideicomiso y en el Contrato de Locación de Obra de 2005".

FUENTE: Diario Clarín.-