Mientras la segunda edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) todavía sigue siendo pagado a casi 9 millones de hogares, el Gobierno trata de pensar el día después dada la enorme erogación que supone un programa que originalmente estaba pensado para alcanzar a 3,5 millones de familias y terminó generando un costo mucho mayor de lo esperado. Pero no hay recursos para todo, ya que hasta la emisión monetaria del Banco Central, principal fuente de financiamiento a la que recurre hoy el Tesoro, tiene un límite legal que obliga a moderar el gasto. Un primer intento de reducir el impacto en las cuentas públicas del programa, que el tercer pago del IFE fuera focalizado al AMBA y Chaco, fue abortado por el propio presidente Alberto Fernández a pedido de los gobernadores. Pero de todas formas en el Gobierno empiezan a pensar el día después.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, llegó al ente previsional en medio de la cuarentena en reemplazo de Alejandro Vanoli, precisamente para tratar de enderezar un programa que su antecesor estimó como de un tercio del tamaño que terminó teniendo. La funcionaria repite en cada aparición que el IFE es extraordinario y que, cada edición, se trata de un programa único. Los dos pagos ya concretados o en vías de concretarse surgieron de decretos de necesidad y urgencia específicos, y el tercero también requerirá de uno similar. No se trata de una mensualidad ni de un plan que haya llegado para quedarse.

La repetición de ediciones depende, entonces, de la evolución de los contagios y del impacto económico de las medidas de distanciamiento social. El primer intento por reducir el alcance del plan, por lo tanto, se basó en las cuarentenas diferenciadas que coexisten en el país. Si Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Chaco volvían a la fase uno de la cuarentena por el nivel de contagios, era lógico focalizar el pago extraordinario a los beneficiarios de esas regiones. Pero más allá de que las medidas de distanciamiento se relajaron, el parate económico sigue siendo severo y los gobernadores con los que el presidente se precia de cogobernar pidieron una reconsideración en una teleconferencia de principios de julio y obtuvieron que el tercer pago se haga, una vez más, en todo el país.

La vicejefa de Gobierno, Cecilia Todesca, aclaró esta semana que el bono de Anses “no tiene fecha de vencimiento” en tanto todavía no se puede afirmar que las familias que lo percibieron desde que empezó la cuarentena hayan podido volver al trabajo, dada la menor actividad económica y la desaparición del mapa productivo de rubros enteros -como turismo, hotelería o servicios personales-. Sería un error, sostuvo, desactivarlo antes de tiempo. Aunque sí, admitió, que calibrarlo puede ser una necesidad.

“Uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador de la ayuda económica demasiado rápido. Hay que ir calibrándolo. El financiamiento tiene un límite obviamente. Durante la pandemia el gasto es de sostén. Para proteger a los comerciantes, trabajadores y empresarios. A la salida deberíamos ir mutando hacia un plan de gasto público más vinculado con obras y financiamiento para que las empresas puedan tener capital de trabajo para volver a producir”, dijo Todesca en declaraciones radiales.

“Tenemos que ver qué pasa con las familias. si las personas no pueden salir a trabajar y no pueden completar su ingreso, el Estado tiene que estar para ayudar; si pueden salir parcialmente, una parte del ingreso la generan y otra no. Habría que calibrar”, agregó.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero, por su parte, dijo a Página 12 esta semana que la tercera cuota del IFE podría ser pensada como la última. “Porque tiene que ver con la emergencia. Esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo. Queremos recomponer eso porque una economía sana requiere también de inversión privada y del dinamismo del sector privado, acompañado por la inversión pública, que es central para la salida de la crisis”, comentó.

Las decisiones alrededor del que hoy es el programa social más abarcativo del Gobierno son, evidentemente, dinámicas. Dependen de la evolución de las cuarentenas, la relación con los gobernadores y de los límites de las arcas públicas, que no por tener la maquinita de imprimir billetes son ilimitadas.

Entre los dichos de colaboradores de Fernández, hay un número que se repite a la hora de hablar del IFE y de la situación social que generaron la cuarentena y más de dos años de recesión con inflación. Y es el de 3 millones de familias. Es un número más cercano al que se buscaba alcanzar cuando Vanoli estaba al frente de la Anses y el que, se insiste, no cayó en la pobreza durante los más de 100 días de aislamiento social debido al bono de Anses.

Una cifra similar aparece en los dichos de Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. En una teleconferencia organizada por la Universidad de Lanus, el funcionario se refirió a lo que todavía es un proyecto germinal pero que está en la mente del Gobierno para el día después del IFE: la renta básica universal o renta básica “ciudadana”.

“Antes de la pandemia la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños, 40% de trabajo informal y 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Antes de la pandemia estábamos con esta situación crítica. Es evidente que este contexto se ha complicado, que está aumentando la pobreza, que está creciendo la desocupación y que hoy son 11 las millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Pasamos de 8 a 11 millones en los últimos 60, 90 días”, dijo ante un auditorio virtual de sindicalistas y académicos frente a los que admitió que su cartera ya gastó el 120% del presupuesto que había estimado para este año.

“No hay manera de ponerle un piso a la caída social y de empezar a reconstruir si no generamos una renta básica. Ahora, esa renta básica, que es la reconversión de mucho de lo que se está haciendo no va a resolver el problema si no tenemos el eje puesto en el trabajo. Y un siguiente eje puesto en el acceso a servicios esenciales”, agregó Arroyo.

Hay cuestiones fiscales en el medio, hay dificultades económicas, hay un esfuerzo claro de que el Estado ya ha puesto casi 3 puntos del producto (...) Pero primero está el concepto y después lo fiscal.

Para Arroyo, la aplicación de un programa de estas características debería apuntar al consenso y, para ello, tiene que estar asociado a la generación de trabajo. “El ingreso base universal requiere consenso y un acuerdo fiscal y pensar mecanismos de financiamiento en términos de una reforma impositiva (...) Está claro que el día uno no va a ser universal, pero es construir un proceso, un camino. Reconvertir el IFE y los planes sociales en un mecanismo que establezca un criterio para llegar realmente a un ingreso de base que esté muy asociado al trabajo y la capacitación”, agregó.

“Hay cuestiones fiscales en el medio, hay dificultades económicas, hay un esfuerzo claro de que el Estado ya ha puesto casi 3 puntos del producto (...) Pero primero está el concepto y después lo fiscal. Si hay algo de bueno que tiene la pandemia es que nos exige y nos obliga a hacer cambios estructurales que hace rato necesita la Argentina. No salimos de verdad con un pequeño programa, con una línea de trabajo, con un proyectito”, añadió.

“Lo hacemos rápido, ahora, o no damos vuelta la situación social”, concluyó.

FUENTE: Infobae.