Con Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, la vicepresidenta Gabriela Michetti, Marcos Peña -jefe de Gabinete- y Jorge Triaca –ministro de Trabajo- firmaron el decreto. Una de sus disposiciones es equiparar el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de ese modo las personas de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad.

Hasta ahora, el monto general era de $1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre $3.155 y $3.407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas.

 “El objetivo es seguir aumentando la cobertura de las asignaciones y queremos que sea pareja para todos. El extra no tenía un criterio de lugares con mayores niveles de pobreza, era algo antiguo para poblar regiones y no se podía sostener”, dijo Emilio Basavilbaso –titular de la ANSeS- a Clarín.

“Había una distorsión. Es lo mismo un chico de La Matanza que uno de Tucumán o del Sur. La mayor pobreza la tenemos en el conurbano bonaerense y en el norte”, aseguró Triaca en el mismo sentido.

Los funcionarios remarcaron que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas. En un momento se había analizado y quedó descartado por el poco margen político. Acaso influyó el tropiezo de hace poco más de un año, cuando el Gobierno avanzó con un ajuste de miles de pensiones por discapacidad y luego debió dar marcha atrás por la reacción de los afectados y buena parte de la opinión pública.

A su vez, como adelantó Clarín, el Gobierno analizaba a partir del cruce de datos entre la ANSeS y la AFIP presuntas irregularidades y “dobles beneficios” en el sistema de seguridad social. El Decreto 702/2018 lleva de $200 a $2.816 el piso del salario mensual para acceder a las asignaciones familiares.

“Encontramos empleadores que declaraban trabajadores por poco más de $200 y el Estado pagaba asignaciones por $3000. Había un fraude”, dijeron los funcionarios. Basavilbaso aseguró que los salarios por debajo del nuevo piso no serán dados de baja de inmediato (más adelante, en los casos que eso sucediera, pasarán a cobrar la Asignación Universal por Hijo).

“Lo que hacemos ahora es abrir una ventana para corregir estas situaciones, la idea es que los empleadores declaren lo que pagan realmente y no quede ninguno afuera”, aseguró el titular de la ANSeS. En cuanto al techo, bajará de $94.786 a $83.917 para el ingreso del grupo familiar o de $41.959 de uno de sus integrantes e incluirá las sumas no remunerativas, de acuerdo al Gobierno ante la repetición de casos en los que cobraban asignaciones familiares y aplicaban para deducciones por hijo en el Impuesto a las Ganancias.

En el marco de la aceleración de la reducción del déficit acordada con el FMI, el Gobierno había asegurado que la contención social quedaría al margen del ajuste. Este será el primer recorte en ese ámbito, aunque en la Casa Rosada evitaron dar cifras del ahorro que implicarán las medidas: “Lo vamos a saber en 60 días, ahora estamos cruzando los datos con la AFIP y es probable que no sea significativo, porque en muchos casos van a pasar a la AUH y la idea es seguir ampliando el universo de beneficiarios”.

La eliminación de los extras a las zonas diferenciales tendrá impacto, admitieron en el Gobierno. “Puede generar reclamos, pero tenemos que ordenar el sistema para darle sustentabilidad”, argumentaron los funcionarios.

Fuente: Clarín.