La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados iniciará el próximo jueves el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en sus funciones y otros cargos que sustentan el proceso de remoción que impulsa el oficialismo. 

Tras haberse habilitado la admisibilidad de dicho proceso, la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard se reunirá desde las 11 para fijar el cronograma de trabajo de la segunda etapa del juicio político. 

En esa reunión se analizarán los nombres de los testigos que puedan brindar testimonio sobre los 14 expedientes y las más de 60 causas avaladas para ser analizadas por la mayoría oficialista en la última reunión de la comisión. 

El Frente de Todos (FdT), con sus 16 integrantes (sobre 31 totales) habilitó esta instancia, en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal, que entre los dos suman 15, vieron frustrada su propuesta de inadmisibilidad para impedir la continuidad del procedimiento.

De cara a la reunión del próximo jueves, la diputada nacional María Rosa Martínez, del FdT anticipó: "Creo que hay que convocar a aquellas personas que puedan aportar a la prueba vinculada a las acusaciones". 

"Supongamos que algún particular está convocado y se resiste a asistir, o no quiere asistir. Puede ser convocado por la fuerza pública. Además habrá documentación respaldatoria y una serie de elementos que hacen a la posibilidad de llevar adelante el proceso de prueba como en cualquier juicio. Seguramente, para su defensa y descargo, serán citados los acusados", explicó Martínez. 

En diálogo con la prensa, la diputada por Buenos Aires, precisó también que "los cuatro acusados podrán venir, presentar un escrito o enviar un abogado defensor" que los represente. 

La Coalición Cívica aún no definió su postura 

También resta saber cual será la postura que tomará la Coalición Cívica -integrante de JxC- en la etapa que se inicia.

Sucede que debido a la metodología de resolución de la admisibilidad, los dos integrantes de ese bloque tuvieron que aclarar que estaban de acuerdo sólo con el juicio político a Lorenzetti, en base a un proyecto propio presentado en 2016, aunque debieron confluir en el dictamen general de rechazo. 

De hecho, en la última reunión, la diputada Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, denunció que junto al presidente de la bancada, Juan López -el otro integrante de la comisión- están "hartos de recibir aprietes de Lorenzetti". 

Fuentes parlamentarias estiman que el proceso de prueba se podría extender por dos o tres meses más, por lo que concluiría a fines de abril, con un dictamen que avalaría la acusación a partir de la mayoría que el FdT ostenta en la Comisión. 

Allí, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta). 

Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el FdT evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario en el cual la correlación de fuerzas se le presente como más favorable. 

Los fundamentos para sostener el proceso (De acuerdo a los expedientes que avanzan en la comisión, se deben fundamentar que los cuatro jueces incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial. 

Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso. 

También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. 

Otro de los causales son una serie de "irregularidades, incumplimientos y desmanejos" en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.

El trabajo de la comisión de Juicio Político se inició el jueves 26 de enero, cuando el oficialismo logró quorum propio para iniciar el debate pese al intento de los representantes de (JxC) de hacer fracasar el inicio de las sesiones.

Tras amagar con ausentarse cuando se anunció la presentación del proyecto del oficialismo, los legisladores del principal interbloque opositor terminaron asistiendo al debate en la comisión y esto fue leído desde el FdT como una legitimación del procedimiento de juicio político a los integrantes de la Corte, que impulsa el Gobierno nacional con el apoyo de gobernadores.

En la segunda reunión, desarrollada el jueves 2 de febrero, expusieron la mayoría de los firmantes de los 14 expedientes dando los fundamentos que motivaron dichas presentaciones. 

FUENTE: AGENCIA TÉLAM