Amenaza de bomba, procesaron a la azafata: perdió la licencia y no podrá acercarse a ningún aeropuerto

La ex azafata de Aerolíneas Argentinas Daniela Carbone fue procesada con prisión preventiva (que cumplirá en su domicilio) por haber proferido una falsa amenaza de bomba sobre un avión con destino a Miami que obligó a cancelar el vuelo e irrogó un costo para la empresa de más de 1,2 millones de dólares.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena dispuso el procesamiento, que incluye un embargo sobre los bienes de la aeromoza hasta cubrir la suma de 400 millones de pesos.

El hecho ocurrió el 21 de mayo pasado, cuando por una pueril cuestión personal la azafata lanzó la amenaza a través del teléfono de su hija, quien estuvo imputada pero hoy fue sobreseída por el juez Villena.

“La conducta de Daniela Carbone consistente en proferir el día 21 de mayo de 2023 una amenaza a través del mensaje de voz remitido a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, utilizando una línea telefónica que no le pertenecía (…), sumado al contexto en el que tuvo lugar el hecho, el contenido de la amenaza proferida y el anonimato del remitente, generó un temor con capacidad para incidir en el ánimo del público que se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza”, sostiene la resolución.

El juez consideró, en un centenar de páginas, que la azafata “generó la interrupción del servicio aéreo correspondiente al vuelo AR 1304, perteneciente a la aeronave de la empresa Aerolíneas Argentinas”.

El fallo dispuso “trabar embargo sobre los bienes de la imputada, hasta cubrir la suma de 400 millones de pesos”, que se condicen con “la erogación, por el momento, de al menos 1.215.740 dólares  en cabeza de Aerolíneas Argentinas, sumado a los gastos incurridos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Sección Destacamento Pista de la Superintendencia Federal de Bomberos y la Asociación Nacional de Aviación Civil”.

En la misma resolución, Villena sobreseyó a la hija de la azafata, Candelaria Guadalupe Olivera, porque “no se ha podido confirmar la hipótesis delictiva”.

Desde un teléfono de Olivera, sin su conocimiento ni consentimiento, se efectuaron las comunicaciones amenazantes, pero el juez consideró que “si bien la nombrada ha sido mencionada, con el derrotero de la investigación se pudo determinar que no formó parte de la maniobra”.

La amenaza de la aeromoza consistió en un mensaje de Whatsapp dirigido a varias personas de Aerolíneas Argentinas: “decile al capitancito Barisi que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”.

La prisión domiciliaria le fue concedida bajo reglas de conducta que consisten en “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, la obligación de presentarse ante todo llamado del Tribunal; la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa, la retención de los documentos de viaje, la prohibición de concurrir a las zonas restringidas de todos los aeropuertos del país, la vigilancia de la imputada mediante dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física”.

FUENTE: EL ECONOMISTA