El Gobierno estableció una serie de medidas para controlar las comunicaciones de los presos de alto riesgo para intentar evitar que sigan ordenando crímenes o estando al frente de negocios ilegales desde complejos penitenciarios.

A través de la Resolución 297/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad fijó normas que regirán las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal.

Según el texto oficial, las medidas tienen como objetivo "enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal, mediante la adecuada evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar eficientemente el alto riesgo individual que presentan".

Cómo será la comunicación de los presos tras la decisión del Gobierno

En la resolución explican que en la actualidad los internos de alto riesgo pueden comunicarse a través de un teléfono público, de uso compartido, unidireccional, que se encuentra instalado en el interior del pabellón, con abonados previamente autorizados por la Coordinación del Sistema.
Sin embargo, el empleo de ciertas tácticas permiten sortear las restricciones establecidas en las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos incorporados al Sistema. De esta manera, pueden comunicarse con otras personas no autorizadas o excluidas del listado a los que sí pueden llamar.

Por esta razón, la Procuración General de la Nación recomendó reforzar el alcance de las medidas previstas en el Sistema con relación al control de las comunicaciones telefónicas.

Tal y como decidió el Ministerio de Seguridad, el teléfono público se ubicará fuera del sector de alojamiento y cada uno de los internos de alto riesgo "podrá comunicarse telefónicamente a través de la/s línea/s autorizada/s, una vez por semana, en un día y horario fijos y determinados en forma previa".

"En cada turno semanal, el interno dispondrá de un período máximo y total de 20 minutos para realizar comunicaciones telefónicas a través de las líneas autorizadas en forma previa", sostiene el texto oficial.

Además, se fijó que las comunicaciones telefónicas las realizará personal de custodia a efectos de comprobar si el receptor -previamente identificado- está dispuesto a recibir la llamada.

"Las restricciones establecidas en la presente no serán aplicables a las comunicaciones que cada interno efectúe con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubiera designado en tal carácter y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo, ni tampoco a las comunicaciones que se efectúen con los organismos de control", indicó la resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno sancionó a dos jefes narco
En la misma edición del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad publicó la Resolución 298/2024. En ella informó que se decidió "suspender por el término de 30 días las comunicaciones telefónicas de Esteban Lindor Alvarado y de Claudio Mansilla, alias ´Morocho´".

La medida exceptúa a las llamadas "que cursen con sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales; con los abogados que hubieran designado en carácter de defensores y dentro del plazo previsto para la formal aceptación del cargo y con los organismos de control".

Lindo Alvarado es un jefe narco enemistado con el clan de Los Monos y Mansilla es su mano derecha. Ambos se encuentran detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

fuente: Ámbito.