Por: El Mediador 07 de septiembre de 2026

Roberto Ortíz: “No hace falta una nueva legislación, es ejecutar la que tenemos”

El presidente de la Fundación CENTA y vicepresidente de CoMuNa remarcó la importancia de fortalecer los controles en locales nocturnos para evitar la presencia de menores. En esa línea, dijo que uno de los principales objetivos es retrasar la edad de inicio del consumo de cigarrillos y alcohol. “Mientras más retrasemos, mejor va a ser porque primero pasa por el uso, después el abuso y después viene la dependencia”, explicó.

Roberto Ortíz, presidente de la Fundación CENTA y vicepresidente de CoMuNa (Consejo Municipal de la Niñez, Adolescencia y Familia), visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y, en el programa El Mediador, se refirió al debate por la presencia de menores de edad en boliches y remarcó la necesidad de reforzar los controles durante la actividad nocturna.

Ortíz explicó que la problemática comenzó a plantearse este año en la mesa de sesiones de CoMuNa y fue abordada durante las últimas reuniones.

En este marco, señaló que se realizó un plenario el viernes pasado en el Concejo Deliberante, que pasó a un cuarto intermedio y continuará el próximo 24 de septiembre.

El vicepresidente de CoMuNa recordó que desde el espacio se trabajó, alrededor de 2007, en una ordenanza junto al entonces concejal José Hidalgo para regular las actividades nocturnas. Según explicó, allí quedaron establecidos los criterios respecto de la presencia de menores en locales gastronómicos y de diversión.

“Todo esto está en las ordenanzas. Al día de hoy es la madre de las ordenanzas para poder nosotros acompañar a todas las actividades”, sostuvo.

Uno de los principales objetivos de CoMuNa es retrasar la edad de inicio en el consumo de cigarrillos y alcohol.

“Mientras más retrasemos, mejor va a ser porque un adolescente para llegar a una droga legal o a una adicción tiene que pasar primero por el uso, después el abuso y después viene la dependencia”, explicó.

En este sentido, remarcó que la normativa establece que los menores de 18 años no pueden ingresar a los locales bailables y planteó la necesidad de reforzar los controles.

“No pueden entrar, tienen que tener más de 18 años. Se debería pedir el documento a todas las personas que la empresa, ya sea cualquier local comercial, visualice y sospeche que es un menor de edad”, afirmó.

También señaló que pueden realizarse controles dentro de los establecimientos y que CoMuNa puede ingresar junto con áreas municipales para realizar tareas de “chequeo, control y observación”. A esto se suman las sanciones previstas para los comercios que incumplan las normas.


Eventos para adolescentes

Ortíz también diferenció la situación de los eventos destinados específicamente a adolescentes. Según las normas mencionadas, los locales pueden funcionar hasta las 3 de la mañana cuando se trata de actividades para menores de 18 años. En esos casos, no debe venderse alcohol y tampoco puede haber presencia de adultos, salvo familiares.

“¿Dónde está el negocio del empresario? En la venta de bebida alcohólica”, planteó.

En este punto, destacó que el trabajo para desalentar el consumo se viene realizando desde 2009. “Cuesta, pero hay que ir lentamente a un cambio cultural”, afirmó.

A su vez, remarcó la necesidad de que los controles sean sostenidos durante toda la noche. “Nosotros tenemos que controlar a los que controlan”, expresó y advirtió que puede ocurrir que un local sea controlado durante la madrugada pero continúe funcionando después del horario establecido.


El plenario continuará el 24 de septiembre

Ortíz explicó que se decidió pasar a un cuarto intermedio para permitir la participación de distintas áreas municipales como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de la Municipalidad y el área de Comercio, entre otros espacios vinculados a la problemática.

“La idea es seguir participando porque hay que concientizar, sensibilizar, es una responsabilidad de todos, de los funcionarios y de hacer ejecutar las normas que tenemos”, señaló.

Consultado sobre qué podría surgir del próximo encuentro, Ortíz sostuvo que no considera necesaria una nueva legislación.

“Hoy tenemos las piezas, no hace falta armar una nueva legislación. Es ejecutar la que tenemos”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el objetivo es fortalecer los controles y evitar que las consecuencias de lo que ocurre dentro de los locales terminen observándose recién fuera de ellos.


Salud mental y acceso a tratamientos

Ortíz se refirió a la preocupación por la salud mental de adolescentes y jóvenes, e invitó a participar de una jornada vinculada a la prevención del suicidio.

Además, señaló que participa de reuniones en Casa de Gobierno relacionadas con la nueva ley de salud mental de la provincia.

“Estamos aportando ideas, sugerencias, es un tema que después de la pandemia explotó, fue algo terrible”, manifestó.

En ese contexto, explicó que la Fundación CENTA cuenta con tres sedes y que una de ellas está destinada específicamente a salud mental, con profesionales de psicología y psiquiatría.

Según indicó, la demanda de atención, tanto de adultos como de menores de edad, “se ha ido acrecentando con el tiempo”, mientras que los sistemas estatal y de obras sociales no logran cubrir toda la demanda.

“Todos estamos unidos y tratando de trabajar en talleres de prevención, concientización, todo para que no tengamos tanta asistencia, porque hay lista de espera para los ingresos”, sostuvo.


Dificultades con las prestaciones de salud

Por último, Ortíz también planteó las dificultades vinculadas con los valores de las prestaciones de salud mental y señaló que existen diferencias entre los honorarios profesionales y los montos que reconoce la obra social.

En esa línea, explicó que una sesión ronda valores de entre $40.000 y $50.000, mientras que “la obra social cubre, pero no alcanza a los mínimos éticos que es necesario”.

“Desde agosto no tenemos actualización de valor”, aseguró.

Según explicó, esta diferencia va generando “una grieta tan inmensa” que los profesionales optan por dejar de atender mediante la obra social y pasan a trabajar de manera particular, perjudicando a los pacientes.