Programa GIRSU: Cantín y Camino los únicos dos intendentes de Santa Cruz procesados

Tras evaluar las declaraciones de los jefes comunales y con las pruebas sobre la mesa, el Juez Claudio Bonadío confirmó el procesamiento de al menos 47 intendentes por supuesto fraude en contra de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (GIRSU).

Así lo confirmó este miércoles la Cámara Federal porteña, que también dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos. De la totalidad de los intendentes, se conoció que en la lista, el Juez dictó la falta de mérito a Matías Mazú (Río Turbio), José Córdoba (Caleta Olivia) y José Ramón Bodlovic (Cmdte. Luis Piedra Buena), mientras que les ratificó el procesamiento a Raúl Cantín (Río Gallegos) y Teodoro Camino (Las Heras).

El programa en cuestión se denominó GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), sobre el cual se realizó una auditoría -junto con la Sindicatura General (SIGEN)- que arrojó irregularidades y manejos poco claros. Inmediatamente, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Bolado, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Rívolo. Resultado: dictamen ante Bonadío, quien ya procesó, entre otros, a dos ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.

El análisis de la información, luego de que Bonadío ordenó enviar auditores a varios municipios para corroborar el estado de las obras, permitió al juez concluir que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos (casi la totalidad, dados a comunas peronistas o de aliados); además de otras irregularidades, como la ausencia de estudios de factibilidad; falta de control en la ejecución de planes; transferencias pendientes de rendición; modificaciones e incuplimientos de proyectos; o solicitudes aprobadas sin cumplir requisitos o con tiempos disímiles: algunos en dos meses y otros en seis años.

Bonadío ya tiene sobre su escritorio los informes de cada uno de los distritos beneficiados, que requirió al área legal del ministerio a cargo de Sergio Bergman. A eso se sumó las declaraciones de los jefes comunales, citados a indagatoria desde mediados del año pasado. Desde abril hasta octubre, un centenar de intendentes y ex jefes comunales debieron pasar por el Juzgado de Bonadío para realizar su indagatoria en el marco de la mega causa.

En el caso de Santa Cruz, José Córdoba por Caleta Olivia debió concurrir el pasado 24/05; Matías Mazú ex intendente de Río Turbio, hoy diputado provincial fue el 05/06; José Bodlovic ex jefe comunal de Piedra Buena también diputado provincial, concurrió el 29/06; Raúl Cantín ex intendente de Río Gallegos Bonadío le tomó la indagatoria el 16/08 y Teodoro Camino ex intendente de Las Heras y hoy Ministro de Trabajo de Santa Cruz, se presentó en Comodoro Py el 30/08 del año pasado.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, denuncia que hubo carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.

El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.

Se suponía que los municipios recibían millones para cambiar o mejorar sus políticas de tratamiento de residuos, con el objetivo de mermar los efectos de la acumulación de basura. Los proyectos estaban destinados a erradicar basurales a cielo abierto, comprar maquinarias y vehículos para la recolección y realizar campañas de concientización. Otros también apuntaban a construir o ampliar plantas de tratamiento, de relleno sanitario, fomentar la separación de origen y las plantas de reciclado. Los intendentes presentaban los proyectos y el Ejecutivo giraba el dinero pero luego nadie controlaba qué se hacía o se dejaba de hacer con el dinero.

De los primero 121 proyectos analizados en el expediente se probó que los intendentes solo realizaron 22, es decir, apenas el 18 %. El resto, un 36 % (44 casos), se cumplió de forma parcial o con observaciones y el 46 % ni siquiera se hizo (55 proyectos). En los casos en los que los municipios dijeron que destinarían el dinero para “campañas de concientización”, no se hallaron registros, folletos o cualquier otro material que demostrara que se realizaron. En otros casos se pudo constatar la compra de parte del equipamiento para las plantas de separación de residuos pero este nunca fue instalado o utilizado.