La mayoría ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que se prometió la apertura de las Zonas Francas. Hacia fines del 2019, en infinidad de reuniones, las autoridades del Gobierno provincial trataban de fundamentar la demora en una suerte de "decisión política" del entonces Gobierno nacional de Mauricio Macri de no otorgar el beneficio a la provincia.
Documentación que estaba en AFIP y que luego pasaba a Aduanas; protocolos y regímenes que no estaban escritos y que había que redactar; reglamentaciones que no dejaban en claro cómo funcionaría el nuevo sistema con modalidad minorista en Río Gallegos, y mayorista en Caleta Olivia. Pequeñas resoluciones que se aprobaban y se publicaban en el Boletín Oficial para calmar los ánimos y abrir la esperanza de que esta vez sí se avanzaría hacia la definitiva apertura del recinto franco. Lo cierto es que los permisionarios han pasado por todos los estadíos y han escuchado todas las promesas, y la única realidad es que las Zonas Francas siguen sin habilitarse.
El nuevo Gobierno nacional que ya cumplió 2 meses al frente de la administración, tampoco ha sido claro acerca de los tiempos para que las ZF sean inauguradas y empiecen a funcionar. La demora tuvo su lógica en el recambio de autoridades de los principales organismos nacionales intervinientes, pero cumplidas las designaciones, tampoco se logró avanzar en fechas y precisiones.
En el 2013, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se publicó en el Boletín Oficial el decreto que dispuso la restitución de la Zona Franca a Río Gallegos y Caleta Olivia. En los fundamentos se expresaba que obedece, entre otras razones, "a la baja densidad poblacional y la lejanía respecto de los centros urbanos, situación que conspira contra la posibilidad de radicación de nuevas industrias, con consecuencias negativas con relación a la creación de fuentes de trabajo".
Se ponía de relieve además que tampoco debía dejar de considerarse la influencia que, en la economía local, produce la cercanía de la Zona Franca Punta Arenas, en la República de Chile.
Desde entonces, la historia de las Zonas Francas ha sido una consecución de promesas incumplidas. Al menos seis veces, se cambió la fecha de la inauguración definitiva, argumentando distintas razones operativas, económicas y hasta políticas.
Los permisionarios de la Zona Franca de Río Gallegos ganaron interés público, a partir de haber hecho visible su reclamo por el retraso en la apertura del recinto franco cercano a pocos kilómetros de la capital provincial. Una inversión paralizada en sus respectivos locales y hasta incluso mercadería en depósito de aduana, son el complejo panorama que los comerciantes han planteado una y otra vez desde hace meses, sin recibir una respuesta concreta, ni mucho menos, una fecha estimativa para que la promesa se convierta en realidad.
A través de la Resolución General 4399 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gobierno nacional oficializó en enero de este año la habilitación de la Zona Franca Minorista de Río Gallegos. Se abrió una luz de esperanza para los permisionarios, que luego se disiparía en más trámites administrativos. A 3 días de las elecciones del 11 de agosto, la AFIP publicó la Resolución Nº 4545/19 en el Boletín Oficial de la Nación Argentina, por la cual autoriza la habilitación de la Zona Franca de Río Gallegos desde el jueves 08 de agosto, autorizando a los permisionarios de los locales ubicados en el recinto franco a poder abrir sus puertas desde el viernes 09 de agosto.
Luego de meses de reclamos y planteos al Gobierno nacional, y tras las indefiniciones de Aduana y AFIP que argumentaban la falta del marco jurídico y administrativo, entre otras presentaciones que dilataron innecesariamente la apertura de las zonas francas, milagrosamente a 3 días de las elecciones el gobierno nacional decidió autorizar el pedido de habilitación, que desde hace años viene siendo esperado por los comerciantes que invirtieron en el recinto.
Inmediatamente la gobernadora Alicia Kirchner pidió reunirse con los permisionarios, un encuentro en el que se adelantaba que en unos 90 días se inauguraría el recinto franco. Faltaba la llegada de las calderas, algunas luminarias y otros detalles por parte de RIOCAL (la administradora) y que los locales finalizaran la puesta a punto para poder abrir sus puertas. Además se esperaba la llegada del soft que iba a ejecutar el control de la mercadería (ingreso y egreso).
Todo hace suponer que estaríamos más cerca y sin tantos "obstáculos políticos" para lograr la apertura de esta verdadera herramienta comercial. Hasta ahora, el balance no es nada bueno: Los permisionarios han perdido mucho tiempo y dinero; las autoridades cargan con el descreimiento de la gente después de tantas promesas; y la economía de la ciudad no ha podido poner en marcha una herramienta financiera que ayudaría a diversificar la matriz generando puestos de trabajo y un lógico movimiento económico que alimentaría el circuito interno.
