Harán una auditoría forense en Vicentin ante "el desorden administrativo" de la empresa

La medida que tomó el magistrado el viernes se concretó cuatro días antes de que se venza el plazo en que los acreedores tendrán que presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. Fuentes ligadas a la causa dejaron entrever que la autorización del magistrado para que se realice una auditoría cristaliza la falta de colaboración de la empresa en el concurso, donde aún no se presentó el balance 2019, período en el cual se produjo la cesación de pagos de Vicentin, que enfrenta una deuda, según la causa, de más de 99.000 millones de pesos.

En los próximos días el juez deberá tomar una decisión si acepta o no el pedido de "intervención mixta" que hizo el gobierno del santafesino Omar Perotti el 19 de junio pasado. Hasta ahora se cayeron todas los intentos de negociación que planteó el gobierno de Santa Fe, como la creación de un fideicomiso para "rescatar a la empresa".

La semana que viene el juez debe escuchar los alegatos de las partes y luego tomar una decisión. Fuentes cercanas a Perotti señalaron a LA NACION que observan que el juez ahora está viendo la situación de otra manera, tras rechazar la intervención nacional. "El magistrado confió en los directivos de Vicentin y ahora se está dando cuenta que el único camino es la intervención de la sociedad", advirtieron las fuentes.

El comité provisorio de acreedores, integrado por el Banco Nación, la Asociación de Cooperativas Argentinas; entidades crediticias extrajeras y los sindicatos de aceiteros, entre otros, pidieron que se realice una auditoría ante la "preocupación" de los integrantes de este órgano para "esclarecer aspectos vinculados con lo que denominan como el estruendoso default de Vicentin SAIC".

"A modo de ejemplo, para graficar algunas inconsistencias emergentes, enfatizan el desorden administrativo de la sociedad concursada, la composición del pasivo mediante un entrecruzamiento de contratos y operaciones por parte de empresas vinculadas y relacionadas, compañías controladas y filiales; la posible imputación a Vicentin de obligaciones que podrían tener su origen en otras empresas", son los argumentos que exponen cuatro acreedores de este comité.

Este órgano del concurso lo integran los principales acreedores como la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), International Finance Corporation (IFC), FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.), Sindicato de Obreros y Empleados de Aceiteros (SOEA), Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de Gral. Obligado y San Javier (Soeayde) y el Banco Nación.

Según el juez Lorenzini, las tareas de los auditores propuestos - Arnaud Iribarne, con Abelovich, Polano y Asociados y Nexia y Deloitte-, "constituirán un proceso investigativo financiero y contable orientado a detectar inconsistencias u omisiones, mediante el uso de técnicas específicas y a través de tecnologías informáticas confiables, que aseguran la trazabilidad de la información y la obtención de datos fidedignos".

A fines de junio, tanto los acreedores como el gobierno de Santa Fe, intimaron al juez de Reconquista que Vicentin presente el último balance de 2019, previo a la caída en cesación de pagos de la agroexportadora. Los estados contables no figuran en el expediente de la causa y significaría un "incumplimiento grave de los integrantes de la administración", señaló el escrito oficial.

En ese momento, Lorenzini dio un plazo de 60 días a la empresa para presentar el balance, pero hasta ahora no apareció, según fuentes de la causa.

El gobierno santafesino ya había abierto un sumario contra Vicentin en la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) porque la empresa no presentó el último balance. Esa inquietud se trasladó luego a la causa judicial, con el argumento de que el balance que figura en el concurso de acreedores es de 2018, cuando Vicentin mostraba fuertes inversiones y ser una empresa pujante.

En ese momento el magistrado señaló que "el control y vigilancia" del concurso está a cargo de la sindicatura, que hasta ahora "no advirtió que los administradores de la sociedad (los Vicentin) hubieran podido realizar actos reñidos con la normal administración".

Sin embargo, ahora el propio magistrado autoriza una auditoría en la que señala que el pedido se fundamenta en "el desorden administrativo de la sociedad".

En el escrito presentado por el "comité provisorio de acreedores" se destaca "la conducta disruptiva de la concursada, puesta de manifiesto por la interrupción en la presentación de sus balances trimestrales, los cuales le eran requeridos por los organismos internacionales de crédito (con representación en este comité) en el marco de las operaciones de crédito concertadas con aquellos; Asimismo, destacan la necesidad de conocer el destino de los fondos obtenidos a raíz del procesamiento industrial de miles de toneladas de granos recibidas, con precio a fijar para su comercialización".

Luego de que el presidente Alberto Fernández anulara el decreto 520/20, que dispuso el 9 de junio pasado la intervención de Vicentin, el juez aceptó otro pedido del comité de acreedores para que se designen dos veedores para monitorear el concurso pero también la administración actual de la empresa y los pasos que están dando sus administradores.

FUENTE: La Nación.