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El mensaje del Gobierno a la Iglesia luego de confirmar que enviará la ley del aborto

La secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, ratificó la intención del Ejecutivo de aprobar la norma por considerarla una cuestión de “salud pública”. “Este es un Estado laico”, sostuvo el gobierno nacional.

EL PAIS 10 de noviembre de 2020
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El Gobierno volvió a enfrentarse con la Iglesia ante el anuncio de enviar en diciembre al Congreso un proyecto de ley de legalización del aborto y planteó abiertamente que en “la Argentina hay un Estado laico que dicta leyes civiles”, por lo que el tema cuestionado desde el Vaticano debe entenderse como “una política de salud pública”.

Por medio de un mensaje directo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, la Casa Rosada dejó en claro que avanzará aceleradamente con el tema del aborto en el Congreso más allá de la posición contraria que tenga la Iglesia liderada por el papa Francisco, quien tiene una buena relación con el presidente Alberto Fernández.

Para el Gobierno la cuestión del aborto va más allá de las doctrinas o convicciones personales. Se trata de un tema de “salud pública” y así dejó bien planteada su diferencia con el Vaticano: “Creo que somos todos respetuosos, la Iglesia está en Italia y en Italia hay legislación de aborto. Y pasa en la gran mayoría de los países de Europa”, dijo Ibarra esta tarde en la Casa Rosada al finalizar un acto que encabezó el Presidente para homenajear a César Cigliutti, el histórico activista por los derechos de los gays, bisexuales y travestis.

Allí, el Presidente lanzó otro mensaje que no comparte la Iglesia. “Uno no tiene derecho a decir cómo se vive y cómo se ama; todos tenemos derecho a buscar la felicidad del modo en que cada uno sienta que pueda encontrarla. Y todos tenemos el deber de respetar esa búsqueda y la decisión que individualmente cada uno toma para encontrar esa felicidad”.

Alberto Fernández reiteró elogios hacia el fundador en 1984 y presidente durante 24 años, hasta su deceso, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), desde donde impulsó proyectos como el de la ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, aprobada en la Ciudad de Buenos Aires en 2002, además de campañas y acciones políticas contra la estigmatización, criminalización y patologización de las personas LGBTI+.

En ese contexto, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia explicó: "Nos parece bien que la Iglesia tenga su doctrina y sus valores. Seríamos incapaces de ingresar en alguna decisión dentro de los ámbitos eclesiásticos”. Pero de inmediato aclaró que el Gobierno “representa un Estado laico y dictamos leyes civiles”.

De esta manera, Ibarra cristalizó el pensamiento que hay desde Alberto Fernández para abajo en gran parte del Gobierno y es que el Estado debe atender “situaciones graves de salud pública”. En este sentido, la funcionaria recordó que en el 2018 hubo no menos de 35 muertes de mujeres totalmente evitables y que con 370.000 abortos por año “hay que asumir que esa política de perseguir a las mujeres con el Código Penal nos ha llevado al fracaso”, en abierta referencia a la legislación actual que determina como un delito el aborto.

En el Gobierno aseguraron que no hubo ni habrá en estos días un contacto con la Iglesia para abordar el espinoso tema del aborto porque saben que hay posiciones irreconciliables. Un funcionario de trato directo con los obispos destacó a Infobae que la última vez que el Presidente habló del tema del proyecto de legislación del aborto fue en diciembre del año pasado cuando recibió a la Conferencia Episcopal en la Casa Rosada. En ese entonces los prelados liderados por monseñor Oscar Ojea destacaron su “sorpresa, desazón y preocupación” por el protocolo del aborto no punible que promovía el Gobierno. Desde allí que el Ejecutivo no volvió a hablar con la Iglesia sobre el tema del aborto. Ni siquiera con el papa Francisco con quien Alberto Fernández tiene un vínculo directo.

El Gobierno respeta a aquellas personas que por su convicción o religión no aceptan el aborto y no se descarta por ello que en el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso esté contemplado un artículo que ampare la libertad de conciencia para aquellos trabajadores de la salud que no están dispuestos a realizar un aborto por su religión.

“Hay que ser humanitarios, respetuosos y cuidadosos de cada posición, pero estamos ante un problema sanitario”, concluyó Vilma Ibarra para desplegar una vez más el esquema confrontativo del Gobierno con la Iglesia sobre este tema espinoso.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina explicaron a este medio que no habrá un nuevo mensaje de la Iglesia al Gobierno sobre la posición ya conocida del Papa y el resto de la feligresía sobre el aborto.

El 22 de octubre pasado la Iglesia argentina criticó el inminente tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo y alertó de que “no cuidar todas las vidas sería una falta gravísima del Estado”. Los obispos llamaron además a la “prudencia política para no desalentar la unidad” en estos momentos de pandemia.

Pero el Gobierno tiene otra concepción diametralmente opuesta a la Iglesia. Vilma Ibarra también destacó: "Necesitamos una política de educación sexual integral para bajar el nivel de embarazos no deseados. Para aquellas que deciden abortar necesitamos poder cuidarlas y no exponerlas a las situaciones dramáticas a las que se exponen hoy. El Estado debe estar presente. Creemos que el Estado debe acompañar con el cuidado también de su salud o del recién nacido”.

De esta manera, en otro frente abierto con la Iglesia, el Gobierno dejó en claro que semejante cantidad de abortos clandestinos debe alertar de que “la política que se trajo hasta acá de perseguir con el Código Penal en la mano nos ha llevado a una situación dramática".

FUENTE: Infobae.

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