“Estas familias viven totalmente olvidadas. Sin agua, sin cloacas, sin alumbrado público y sin poder acceder a los servicios básicos”, comentó Reyes.
La Legisladora explicó que en el Barrio Santa Cruz viven actualmente tres familias por cuadra quienes, en el mejor de los casos, pueden pagan alrededor de $1200 por 100 litros de agua o tienen que caminar tres cuadras hasta la “canilla barrial” de donde se abastecen las familias que no pueden pagar por el servicio.
“La pregunta que nos hacemos todos es dónde está la provincia cuando tiene que estar asistiendo a estas familias que viven en la precariedad”, cuestionó Reyes; y agregó que “Servicios Públicos también trae agua pero que ni se puede colar. Estas familias viven gracias a una canilla que está a tres cuadras de su casa que la utiliza todo el barrio y con las bajas temperaturas está congelada”.
Sin papeles
Durante el encuentro, los vecinos le comentaron a Reyes que los terrenos les fueron adjudicados por el IDUV, en el año 2011, cuando estaba Garrido en Planeamiento. Sin embargo, pese a las promesas, aún no pudieron acceder a los títulos de esos terrenos lo que les impide gestionar créditos para terminan sus viviendas. Asimismo, les están cobrando el impuesto municipal, cuando debería regir una eximición de impuestos.
“Decidimos no pagar porque queremos nuestros títulos de propiedad, como nos prometieron”, dicen los vecinos enojados.
Mientras tanto, dos jóvenes emprendedores que están privados de elementos básicos, relataron que perdieron sus puestos laborales y que recientemente, y en plena pandemia, debieron cerrar también las puertas de una rotisería que armaron con tanto esfuerzo porque no pueden pagar los impuestos y todo lo que le exige la municipalidad para poder funcionar.
