Así lo consideró Alejandra Beroiz, secretaria general del Gremio de Judiciales, sobre el último ofrecimiento salarial del Tribunal Superior de Justicia.
LA PROVINCIA 16 de agosto de 2022
El Mediador 
La secretaria general del Gremio de Judiciales, Alejandra Beroiz en comunicación con EL MEDIADOR señaló que “sabíamos que lo que iban a buscar es dispararnos hacia la paritaria central”.
"Lo que sucedió en la última paritaria no tiene nada que ver con lo que se acordó, nosotros en medio de un conflicto y con medidas de fuerza se llegó a un punto en donde se acordó aceptar ese 10 % que se ofrecía. También se acordó que en el mes de agosto nos íbamos a sentar a discutir el total de las acordadas que estaban pendiente en el año, hoy por hoy hay dos que ya están vencidas, el 9 % de junio y el 9 % de julio, que ya están vencidos”.
Para concluir, la secretaria general del Gremio de Judiciales dijo que “nosotros vamos a pedir en el transcurso de esta semana, que se efectivice el pago del 5 % que se había acordado que iba a integrarse en septiembre, pero que quedó claro en todas las paritarias anteriores, es que el pedido expreso de todos los trabajadores del Poder Judicial, es que ese 5 % se acercara un poco más".
"Los canales de negociación siguen abiertos, pero estamos posicionados en que es inaceptable lo que han planteado"
Si bien fue aprobado en la sesión del pasado miércoles, las diferencias obligaron al Vicegobernador a dirimir la votación con su voto. Pidieron enviar el expediente a Comisiones para reasignar partidas pero se rechazó. Piero Boffi renunció a la Presidencia del Bloque.
Si bien fue aprobado en la sesión del pasado miércoles, las diferencias obligaron al Vicegobernador a dirimir la votación con su voto. Pidieron enviar el expediente a Comisiones para reasignar partidas pero se rechazó. Piero Boffi renunció a la Presidencia del Bloque.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.
El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.
En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.
El Secretario Administrativo de ADOSAC advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno nacional “anula el rol del Estado como responsable principal de la educación y rompe prácticamente todos los fundamentos de la carrera docente”. También se manifestó en contra de la reforma laboral.
Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.
Desde hace cuatro años, la agrupación animalista Comedores Callejeros Solidarios trabaja en el rescate, rehabilitación y adopción de animales en Río Gallegos. Actualmente cuidan a cerca de 20 animales y advierten que la falta de recursos pone en riesgo la continuidad del trabajo.
El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.
El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
