“Las Altas Autoridades de Derechos Humanos de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidas en la 36 sesión plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos celebrada durante los días 21 y 22 de septiembre de 2022 en el Archivo Nacional de la Memoria:
Al realizarse la 36° Reunión Plenaria en el marco de cumplirse los 40 años del conflicto del Atlántico Sur. rinden homenaje a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares, y ratifican, como hace ya casi 200 años, la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
En ocasión del 50 aniversario de la "Masacre de Trelew", rinden homenaje a las víctimas de la masacre perpetrada el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura iniciada en 1966, para mantener viva la memoria de un hecho que conmovió a toda la sociedad y que preanunciaba las acciones que iba a llevar adelante el poder real a través de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico militar del período 1976-1983. Asimismo, celebran el histórico juicio por la verdad desarrollado para echar luz sobre los hechos acaecidos alrededor de la llamada "Masacre de Napalpi", hace 98 años en la provincia del Chaco, primer proceso judicial de esta índole en América Latina y donde se lo reconoce como delito de lesa humanidad en el marco del genocidio.
Por otra parte, reafirman su compromiso irrevocable con el pacto democrático establecido en el año 1983, que concibe a los derechos políticos como derechos fundamentales, y sostienen que para promover su ejercicio se requiere el más alto estándar de actuación del Estado, así como de otros agentes fundamentales para la democracia, como son los partidos políticos y las organizaciones del pueblo.
En tal sentido, repudian los dispositivos políticos, judiciales y mediáticos, conocidos como “lawfare", contra dirigentes políticos/as y referentes de derechos humanos, que socavan las instituciones democráticas y que evidencian la intención sistemática de revertir el acceso a los derechos civiles y políticos, y también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reconocidos por la Constitución Nacional.
Por otro lado, destacan que la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir. Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres reconoce la violencia política como uno de los tipos y modalidades de las violencias fundadas en razones de género, y la describe como "intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, que impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos". Así, bajo este marco legal entienden que se inscribe el atentado contra la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el cual significó una peligrosa escalada en la incitación a la violencia que amenaza la vida democrática y sus instituciones.
Además, señalan que tanto la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia del Chaco como sus trabajadoras y trabajadores, vieron afectado su derecho a trabajar dignamente ante la irrupción violenta de un grupo de personas que ingresaron a la sede institucional propinando insultos, amenazas agresivas y discursos de odio, con carteles que expresaban frases negacionistas del terrorismo de Estado y en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante nuestro país.
Este tipo de ataques y discursos violentan las instituciones democráticas y no pueden ser tolerados. Es necesario que estos graves hechos sean investigados y rápidamente esclarecidos por la justicia. Por ello, las Altas Autoridades de Derechos Humanos de la República Argentina declaran: su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que constituye un ataque contra la democracia y el orden institucional construido a lo largo de los últimos 39 años de nuestra historia; su exigencia al Poder Judicial por el pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho execrable para la vida democrática en nuestro país; su total rechazo a las estrategias regresivas para los derechos humanos y a aquellos que pregonan discursos de odio y la banalización de los hechos de violencia que promueven el negacionismo del terrorismo de Estado, en clara afrenta a los logros alcanzados en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia de las últimas décadas, violentando las instituciones: su exhortación a la dirigencia toda y a la población de nuestro país, a buscar todos los caminos que conduzcan a consolidar y fortalecer la democracia. Por todo ello, destacan la obligación de profundizar y fortalecer el pacto democrático, siguiendo el ejemplo de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, y todas las organizaciones que trabajan comprometidamente por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, para que nunca más sean cometidos delitos contra la humanidad en nuestro país”-
