El Gobierno oficializó el llamado a Sesiones Extraordinarias

La actividad parlamentaria se llevará a cabo entre el 23 de enero y el 28 de febrero. En el temario, el oficialismo incluyó el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema, la ampliación de sus miembros y un paquete de medidas económicas.

EL PAIS 13/01/2023
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El Gobierno Nacional oficializó este viernes el llamado a Sesiones Extraordinarias en el Congreso. En el temario incluyó el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema; el proyecto de ampliación de miembros del Máximo Tribunal y un paquete de iniciativas económicas.

Tras días de incertidumbre y disputas con la oposición por la nueva embestida contra los miembros de la Corte, finalmente esta madrugada fue publicado el Decreto 17/2023 convocando a Extraordinarias entre el 23 de enero y el 28 de febrero.

Ayer por la mañana el presidente Alberto Fernández junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se reunieron en la Quinta de Olivos para ultimar detalles del temario de proyectos que el Gobierno pretende tratar en lo que resta del verano.

Pese a la amenaza de Juntos por el Cambio de paralizar el Congreso, este jueves el Gobierno adelantó el listado de iniciativas para discutir en el parlamento e incluyó el pedido de Juicio Político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño de sus funciones”. Según adelantaron los legisladores del Frente de Todos, la labor de la Comisión de Juicio Político comenzará en la Cámara de Diputados el próximo jueves 26 de enero.

Pero este no es el único proyecto vinculado a la Justicia, el Poder Ejecutivo además incluyó en el temario la ampliación de miembros de la Corte Suprema y una iniciativa para actualizar la ley de Presupuesto General de gastos y cálculos de la administración nacional, medida que se da en el marco de la discusión con la Ciudad de Buenos por los fondos de coparticipación. La Corte recientemente ordenó restituir el porcentaje que el Gobierno porteño tenía antes de la pandemia.

Además, se debatirá la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, un asunto que viene en agenda desde los primeros tiempos de la gestión actual.

Con respecto a los proyectos vinculados a la economía, se incluyó el nuevo blanqueo de capitales, mediante el cual se busca crear un régimen especial de “declaración voluntaria” de ahorros no declarados que alcanzará a personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluidas las modificaciones dispuestas en diciembre de 2019.

El proyecto de “Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional” abarcará las tenencias en moneda nacional o extrajera, tanto en el país como en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles y otros bienes situados en el país y en el exterior, incluyendo créditos vigentes.

La recaudación total tiene como asignación prevista un 20% a un “Fondo específico” para pago de la deuda con el FMI, otro 20% será para subsidios a las Mipimyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y un 40% a programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.

Como estaba previsto, se incluyó el proyecto de Ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Además se incorporó en el temario el proyecto de reforma para darle más autonomía al INDEC. En efecto, se busca que el Poder Ejecutivo designe al director del organismo con acuerdo del Senado, mientras que el director técnico deberá ser nombrado tras un concurso público.

Por otra parte, el Gobierno buscará tratar en Extraordinarias el marco regulatorio para el desarrollo de GNL y de hidrógeno como fuentes de energía y que incluiría un programa de estabilidad fiscal con un horizonte de treinta años y reglas para las inversiones en ese sector.

También se incluyó la nueva moratoria para jubilados que beneficiaría a una 800 mil personas; el monotributo tech que apunta a que exportadores de servicios y gamers puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas en el mercado oficial. El rango de profesionales que podría quedar incluido en un esquema de monotributo como el que espera poder aprobar el oficialismo en el Congreso es amplio, ya que iría desde los programadores hasta otros que no están relacionados de forma tan directa con la tecnología, como artistas o guionistas que tienen clientes en el exterior. Con el monotributo tech podrían así enviar sus facturas a su empleados o clientes en el exterior.

Entre las iniciativas incluidas en el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno sumó el “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable” que tiene como objetivo el desarrollo de la cadena sectorial con la promoción de inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnología.

Entre otros temas que serán debatidos en el ámbito parlamentario se sumaron: la ley de tránsito, para incluir la alcoholemia cero; el sistema nacional de residencias de equipos de salud; el plan de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y la promoción y fomento tecnológico; los proyectos para modificar la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad; el abordaje integral de la violencia institucional en materia de seguridad y en el servicio penitenciario.

Además, el temario incluye el régimen previsional diferencial para trabajadores que se desempeñan como combatientes de incendios forestales o rurales; la creación del parque nacional y reserva Laguna El Palmar; del área marina protegida del Agujero Azul, y de universidades nacionales; la sustitución de artículos de la ley sangre humana; la contención y acompañamiento de personas que reciben un diagnóstico de síndrome de down, y la digitalización de las historias clínicas.

FUENTE: Infobae.

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