El Estado argentino pidió disculpas a familiares de víctimas de femicidios

Reconoció su accionar negligente para evitar las muertes de Florencia Albornoz y Analía Aros.

ACTUALIDAD 21/07/2023
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El Estado argentino pidió por primera vez disculpas a las familias de dos víctimas de femicidios por su accionar negligente para evitar sus muertes. Lo hizo frente a las madres, hermanas e hijos e hijas de Florencia Albornoz y Analía Aros, asesinadas por sus exparejas, luego de denunciar y pedir ayuda e intervención de la Justicia por los hechos de violencia de género que sufrían. Florencia tenía 22 años y Analía, 36.


Una fue asesinada en 2010 y la otra en 2017. Ambas vivían en la provincia de Buenos Aires. A Florencia la mató su ex, un agente de la policía bonaerense que trabajaba en la misma comisaría de Quilmes en la que ella llegó a hacer 19 denuncias. Además de pedirles disculpas, el Estado se comprometió a reparar su mal desempeño con acciones concretas, como capacitar en perspectiva de género a más de 20 mil policías y también brindar asistencia psicológica a los familiares de las víctimas y a otorgarles una reparación económica.


“Si bien es un acto simbólico y no va a revivirlas, ayuda para tratar de sanar”, dijo Débora Suárez, hermana de Analía, al finalizar la ceremonia. Además, destacó la importancia de que los compromisos asumidos por el Estado argentino “sirvan” para “tratar de minimizar la violencia contra las mujeres” y para que finalmente “las medidas que se tengan que tomar” para la prevención “sean las adecuadas, en tiempo y en forma” y “no como en el caso de mi hermana que llegaron tarde”. “El botón antipánico le llegó cuando casi estábamos en el funeral”, remarcó la mujer.

El acto público fue muy emotivo. Estuvo encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, junto a la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz, y representantes de otros ministerios a nivel nacional y bonaerense. Se llevó adelante en uno de los salones del Archivo Nacional de la Memoria, en el predio de la ex ESMA. Las hijas de Analía tienen 26 y 17 años; los de Florencia, 17 y 20.

Esta acción llega impulsada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) de la ONU, en el marco de dos acuerdos de solución amistosa con el Estado argentino, y a partir de las demandas promovidas en 2020 por las familias, acompañadas por la organización Justicia y Reparación y la agrupación Atravesadxs por el Femicidio. Argentina aceptó los errores y el mal desempeño, sin cuestionar el planteo.

“Cuando un funcionario público no cumple con su labor de protección a las víctimas de violencia de género traerá acarreado la responsabilidad internacional para el Estado. Lo que involucra también un costo patrimonial para el Estado”, dijo a Página 12 el abogado chileno Mario Fernando Candia Falcón, de Justicia y Reparación. La indemnización a las familias será fijada a través de un tribunal que se conformará para determinar el monto apropiado.

En los casos de Florencia y Analía, como en tantos otros, el Estado no las protegió. En marzo, fue asesinada María Speratti en Cañuelas, provincia de Buenos Aires: también fue un femicidio anunciado. En 2022, al menos 38 de las 226 víctimas de femicidio que contabilizó ese año en el país el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, habían denunciado a su agresor.

Los casos

Florencia Albornoz fue asesinada junto a su amigo Ernesto Escudero por el femicida Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, que ese 17 de enero del 2010 violó la perimetral que la protegía, ingresó al domicilio y cometió el hecho con su arma reglamentaria. Florencia hizo más de 19 denuncias por violencia doméstica contra su expareja, en la misma comisaría de Quilmes donde el femicida prestaba servicio y era apañado por sus compañeros. La joven, de 22 años, sufría hostigamiento, agresiones y amenazas de muerte, detalló el abogado de Justicia y Reparación. En enero del 2010 había conseguido una medida de restricción perimetral que el agresor violó para terminar con su vida. Mazo fue juzgado bajo la figura de doble homicidio agravado por el vínculo (dado que todavía no se había incorporado el agravante por violencia de género en el Código Penal) y en 2012 fue condenado, en última instancia, a 15 años de prisión.

El pedido de reparación por el asesinato de Florencia Albornoz ante el Cedaw devino en la primera intervención del órgano de Naciones Unidas en un caso de femicidio contra el Estado argentino.

Analía Aros tenía 36 años y vivía en Mar del Plata cuando el 21 de marzo del 2017 fue asesinada por su expareja, que intentó hacer pasar el hecho como un suicidio. Pese a que la mujer horas antes había logrado finalmente denunciar a su expareja, no se dispuso ninguna medida que la protegiera. “A las 72 horas podría recibir un botón antipánico y en tal caso debería apersonarse ella misma a buscarlo. Pero 48 horas después de la denuncia fue asesinada. El hombre contaba con otras denuncias por violencia de género de 2012 y 2013 por parte de una exesposa”, detalló Candia Falcón. En octubre del 2018, el femicida Hugo Orlando Gutiérrez fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2.

Otras disculpas por llegar tarde

El Estado argentino ya tuvo que pedir disculpas públicas en otras oportunidades como consecuencia de su mal desempeño para prevenir la violencia de género. Hace dos años, en abril de 2021, como parte de otro acuerdo amistoso en otra demanda que llegó al Cedaw, tuvo que pedir disculpas a Olga del Rosario Díaz, sobreviviente de un intento de femicidio. A pesar de haber realizado denuncias por la violencia de género que sufría de parte de su esposo, no contó con ninguna medida de protección del Poder Judicial en la ciudad de Buenos Aires. Olga fue apuñalada cinco veces por su entonces marido y como consecuencia de las heridas estuvo 45 días en terapia intensiva. También en 2021, el Estado pidió disculpas a Abril, hija de Ivana Rosales, víctima también de un intento de femicidio, en el marco de otro acuerdo de solución amistosa por una demanda iniciada en su momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

FUENTE: PÁGINA/12

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