La Secretaría de Comercio informó que participaron del acuerdo empresas del rubro de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares y cadenas de supermercados y mayoristas.
ACTUALIDAD21 de agosto de 2023
La Secretaría de Comercio informó este lunes que "más de 340 empresas" renovaron el compromiso de adhesión al programa Precios Justos, que incluye los rubros de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares y cadenas de supermercados y mayoristas.
"Más de 340 empresas de los principales sectores del consumo renovaron su compromiso con Precios Justos. Un esfuerzo compartido entre empresas y Estado para proteger el bolsillo de las y los argentinos", expresó la Secretaría en un mensaje de X (ex Twitter).
La renovación al programa se suma al acuerdo con representantes de las principales empresas de consumo masivo y supermercados para fijar un tope de aumento del 5% mensual por 90 días para más de 52.300 productos anunciado el viernes último por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Participaron del acuerdo las principales empresas de consumo masivo y 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, y Maxiconsumo, entre otros.
Las empresas que ingresen al acuerdo y cumplan con el tope del 5% establecido, recibirán beneficios impositivos y fiscales, a los que se sumará un programa de crédito a tasa subsidiada para las PyMEs proveedoras de supermercados.
De esta manera, el Estado resignará recaudación para evitar que el incremento de los costos, producto de la devaluación de 22,5% del dólar oficial concretada el lunes último, se traslade a los precios de alimentos, bebidas y productos de limpieza y perfumería.
La semana pasada también se dio a conocer el acuerdo con laboratorios nacionales y cooperativos para que "no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre", por el que "el Estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad", de acuerdo con lo informado por Massa.
También se selló un compromiso con las empresas expendedoras de combustibles, luego de la suba implementada previamente por las compañías del 12,5%.
"Entramos en un sendero en el cual no habrá más incrementos de combustibles, producto de una decisión en la cual el impacto de la devaluación la termina asumiendo el consumidor, una parte las empresas y una parte el Estado que va a resignar parte de los recursos que pagan las empresas", explicó Massa al respecto.
Las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales, precisaron desde el Palacio de Hacienda, en tanto Massa advirtió que "aquellos que no lo cumplan se les hará sentir todo el peso y rigor de la ley".
fuente: TELAM.
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Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia NA
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Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
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La diputada nacional aseguró que el bloque de Fuerza Patria “está todo el tiempo pensando y analizando”. “Yo sentí un bloque unido”, afirmó. Apostó a “trabajar fuertemente” y consideró que “todo se va a acomodar con el tiempo”.
El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.
El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.
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La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
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