El gremio de Judiciales solicitó  a través de una misiva presentada ante al Tribunal Superior de Justicia, que se tomen  medidas institucionales correspondientes hacia  dos funcionarias judiciales.

Ellas son a Dra Camila Rummi, de la Defensoría Oficial N° 2; y  Ximena Villares, Defensora Oficial pero de Caleta Olivia.

En el caso de Villares, la denuncia por violencia laboral no fue instruida; en cuanto a la Dra Rummi, existe abundante información en relación a incumplimientos del deber que le cabe como funcionaria pública, lo que reviste de una gravedad importante tiendo en cuenta que ambas funcionaria son las encargadas de dar respuestas  a los sectores más vulnerables de nuestra población, y que indudablemente, perjudica el poder brindar un buen servicio de justicia.

Judiciales advirtió en la misiva enviada al  que el TSJ no puede obviar tamaña  situación, por lo cual se deben determinar las responsabilidades que les quepa a estas dos funcionarias y si fuera el caso, aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes.

El gremio recordó que esta nueva gestión de la Comisión Directiva puso especial énfasis en la violencia laboral que existe en los espacios de trabajo en cada una de las dependencia de la provincia de Santa Cruz, para lo cual incluso puso a disposición una línea para realizar denuncias.