La Cámara de Comercio de Río Gallegos manifestó su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma fija a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el gobierno nacional. En esta misma línea, adhiere a lo expresado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y otras entidades del sector productivo y comercial del país, que rechazaron el pago del bono de 60 mil pesos para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial de la actividad privada "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".
Se advierte que las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida. Se hace hincapié que la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de los comercios y pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente.
Asimismo, se manifiesta que son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector.
“Rechazamos la imposición de este bono y al igual que nuestra entidad nacional reiteramos que el ámbito natural para la discusión salarial son las paritarias. Entendemos la realidad laboral, pero hay empleadores que no pueden hacer frente a esta exigencia del gobierno nacional”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Jonathan Van Thienen.
