Provincias se declaran en "emergencia" y el gobierno convoca a una cumbre de gobernadores

Gobernadores de diferentes espacios políticos anunciaron  un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe "una emergencia económica" a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el Gobierno nacional activó una convocatoria a los mandatarios provinciales para el próximo martes.

Con distintos enfoques y particularidades debido a la situación financiera de cada provincia, los gobernadores que anunciaron planes de control y reducción del gasto público fueron hasta hoy Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Martin Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

A nivel provincial, estas iniciativas fueron adoptadas por mandatarios peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), radicales y del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y fuerzas provinciales.

En paralelo, en las oficinas del ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a organizarse una convocatoria a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para congregarlos en una reunión el martes 19 en la Casa Rosada, que podría encabezar el propio Milei.

En la tarde de este viernes, el ministro Francos mantuvo un encuentro a través de la plataforma Zoom con los gobernadores para coordinar detalles del cónclave del martes.

También participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Chaco, Leandro Zdero, que estaban en Buenos Aires y asistieron de forma presencial a esta reunión, celebrada en el salón de Escudos de la Casa Rosada, según voceros gubernamentales.

Desde la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Killof (UxP), algunos de sus ministros advirtieron que "se mantiene en alerta" por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la ley de Coparticipación.

En Misiones, el gobernador Hugo Passaluaqcua (Frente Renovador Misionero) evitó lanzar un plan de ajuste pero advirtió a los funcionarios sobre la "necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas".

Por su parte, el santiagueño Zamora declaró este viernes el estado de "emergencia económica" en la provincia y la aplicación de "medidas restrictivas y de control del gasto público" por los próximos seis meses.

"Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso estoy enviado esta próxima semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público", indicó Zamora esta mañana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Al igual que Nación, Zamora decidió que por 6 meses "se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial".

Bajo otro signo político, el gobernador sanluiseño Poggi (Juntos por el Cambio) presentó este jueves el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de "más de 125 mil millones de pesos" y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.

En un mensaje que fue trasmitido por los medios oficiales de la provincia, Poggi informó que la situación de la provincia es “crítica” con los números en “rojo” y anunció que los sueldos de la administración pública se harán en dos veces para los meses de diciembre y enero, y pidió que sea extensiva para los demás poderes del Estado.

A su turno, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (JxC), firmó un decreto mediante el cual "se dan de baja las designaciones irregulares realizadas en el Ejecutivo provincial en los últimos seis meses y se revisarán las del último año".

Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la venta de vehículos, de una residencia oficial y la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo, como parte de programa de "medidas urgentes" de reducción de gastos ante "la grave situación" que atraviesa la provincia patagónica.

El mandatario formuló estos anuncios en el salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial y aseguró que en los primeros días de su gestión se encontró con "mucha desorganización" en el Poder Ejecutivo y "falta de fondos".

Asimismo, aprovechó la ocasión para solicitar las renuncias de funcionarios de la administración de Alicia Kirchner que aun permanecen en sus cargos.

En una breve exposición ante la prensa, en la cual no respondió preguntas, Vidal anticipó que irán "a venta o remate el 80% de los vehículos del estado y la residencia oficial" que los gobernadores utilizan cuando viajan a la localidad de El Calafate.

Vidal también promedió asignar los fondos que se obtengan por esas operaciones al presupuesto educativo.

"Hay líneas telefónicas celulares que están distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos", reveló y se pronunció por su recuperación y corte de gastos.

En ese marco, sostuvo: "No se vive más del Estado, por lo menos no de esta forma".

También anunció que las Unidades Retributivas (UD) de funcionarios y de cargos políticos serán eliminadas porque "lamentablemente, durante estos años, se han utilizado para pagar la limpieza de sus hogares, algo que claramente no corresponde".