El gobernador, Claudio Vidal reclamó el acatamiento de la conciliación obligatoria que retrotrae los despidos a los trabajadores de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Pidió que la empresa “no se convierta en un impedimento para que continúe la obra”.
LA PROVINCIA 20 de marzo de 2024
Claudio Vidal pidió hoy a la UTE “Eling”, a cargo de las obras de construcción de las represas Cepernic y Néstor Kirchner, que acate la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la provincia y que desista de los despidos cursados a los trabajadores de dichas obras.
El mandatario pidió que “la UTE (Eling) no se convierta en un impedimento para que continúe la obra” e indicó que “a diferencia del gobierno anterior, que prefería defender a la empresa Electroingeniería, yo defiendo a los trabajadores, al pueblo de Santa Cruz y mi país. Acá lo más importante es el bienestar, el desarrollo y el futuro de los argentinos, y no el beneficio de una empresa, tenemos que pensar en las prioridades que tenemos como Nación.”
Desde hace ya mucho tiempo, Vidal se ha expresado sobre la necesidad de avanzar con la obra más importante de la provincia y gestionó ante el gobierno nacional para que se firme la conocida “Adenda 12”, que permitirá el desembolso de las partes restantes del crédito otorgado por la República Popular de China para el desarrollo de la misma.
En su momento, el beneficiado argentino fue el empresario Gerardo Ferreyra, de “Electroingeniería”, ahora “Eling” tras la venta de su participación en esa firma; quien formó un grupo con los representantes chinos de la empresa Gezhouba.
El gobernador santacruceño recordó que “la parte argentina de la UTE, no puede sentirse damnificada por los retrasos y dificultades de esta obra. Todos vimos en Santa Cruz cómo Electroingeniería paso a ser de una pyme en el año 2003, a ser una gran contratista de obra pública durante las gestiones kirchneristas, que la llevó a ser adjudicataria de una de las obras más importantes de la historia del país, con una inversión que superior los cinco mil millones de dólares”.
Electroingeniería ha acumulado varias denuncias en las que se la acusa de haber incumplido con la Ley provincial 3141 respecto a la contratación de mano de obra local; además de contratar al ejército argentino en un cuestionado acuerdo, para el ensamble de puentes Bailey en pésimas condiciones de vida de los soldados voluntarios abocados a tal tarea.
En otra de las denuncias, se la acusó de Incumplir con la contratación de insumos y servicios locales,.
Claudio Vidal gestionó, además, ante ENARSA, para que cumpla “en particular con los ajustes económicos por motivos técnicos y administrativos de los últimos años, que han conllevado al actual desfinanciamiento y consecuente detención total de la obra”.
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
La Secretaria Adjunta de ADOSAC responsabilizó al gobierno por no dar respuesta a los reclamos del sector docente. Dijo que las paritarias “deberían ser en enero para evitar el conflicto en febrero”.
El Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos advirtió sobre la importante caída en la aplicación del calendario de vacunación obligatorio. Apuntó a las familias que “desconocen” las enfermedades, las redes sociales que generan incertidumbre y la falta de control por parte del Estado.
El gremio docente realizará este martes 2 de diciembre un Congreso Extraordinario en Comandante Luis Piedra Buena para definir acciones ante la falta de propuestas salariales, el retroceso en la discusión de puestos de trabajo y los descuentos aplicados por los paros de octubre. ADOSAC sostiene que, sin respuestas concretas, el conflicto podría reactivarse y comprometer el comienzo de las clases en 2026.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
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