Peronismo exige la remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto por vínculos con ‘Fred’ Machado

El peronismo de la Cámara de Diputados pidió hoy la remoción del libertario José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, al sostener que no puede seguir en ese cargo por las noticias que circularon sobre un supuesto financiamiento para su campaña de parte del empresario “Fred” Machado, acusado por narcotráfico.

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, afirmó que Espert “no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto y nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo”.

“No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, atestó Martínez.

Espert rechazó las acusaciones y dijo que son parte de “una campaña sucia” que viene desde el 2021.

Admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar un libro suyo en Viedma, lo que incluyó el traslado en su avión, pero señaló que desconocía las actividades de Machado.

“Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos”, agregó.

En las últimas semanas, distintos medios difundieron documentación judicial de Estados Unidos que da cuenta de presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, aunque el legislador sostiene que es “una campaña sucia” que viene desde el 2021.

Entre las pruebas citadas, medios como El DiarioAr mencionaron un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, así como vuelos y vehículos presuntamente puestos a disposición del economista durante sus actividades proselitistas.

De todas maneras no es la primera vez que UxP pide sacar a Espert de la presidencia: en julio había hecho el mismo pedido la diputada Victoria Tolosa Paz debido a que el dirigente libertario no abría la comisión para debatir las iniciativas propiciadas por la oposición.

Hasta ahora ningún diputado de los bloques denominados “del medio” no  expresaron su postura sobre la ofensiva kircnerista contra Espert ni lo hicieron en la anterior presentación de UxP; incluso no hay antecedentes que se haya expulsado a un diputado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los organismos mas importantes del Congreso.

Tolosa Paz volvió a pedir hoy la remoción al señalar que “la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo”.

“No se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas”, agregó.

De todas maneras, la situación de Espert solo se complicará si avanza en una causa contra el legislador porque tanto la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos como la ley del Lavado establecen penas severas para los políticos que reciban plata del narcotráfico.

Pero también, si se confirma ese delito, la Cámara de Diputados puede expulsarlo por “inhabilidad moral”, como lo establece el artículo 66 de la Constitución, u otorgar su desafuero así lo pide un juez.

En caso una persona condenada por lavado de dinero, el artículo 303 del Código Penal castiga con  prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación a quien reciba, convierta, transfiera o administre fondos provenientes de un delito (narcotráfico incluido); si el receptor es funcionario público o candidato, la pena puede agravarse.

En tanto, la ley Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe expresamente recibir aportes o donaciones de personas o entidades vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero o actividades ilícitas.

Además fija que los partidos que reciban fondos prohibidos pueden ser sancionados con multas, pérdida del derecho a recibir aportes, y suspensión o incluso cancelación de la personería jurídico-política.