El Mediador 
El Gobierno nacional oficializó este jueves un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz, “con el objetivo de aliviar tensiones de caja y garantizar el cumplimiento de compromisos inmediatos” señala un comunicado de prensa.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 161/2026 del Ministerio de Economía, publicado en el Boletín Oficial, y responde a un pedido de la administración provincial de Claudio Vidal “ante dificultades transitorias para sostener la ejecución del presupuesto y el pago de obligaciones”.
Ya en los fundamentos del proyecto de Ley Emergencia Económica que se discutió el martes con los gremios estatales, se advirtió el escenario financiero complicado. En ese momento el secretario de Hacienda y Finanzas Ernesto Coloe, explicó a los trabajadores que este cuatrimestre, en particular, “sería difícil por los vaivenes de los ingresos, que vienen cayendo de manera sostenida, tanto en la coparticipación nacional como la recaudación provincial”.
Esta situación fue reconocida por Nación en el decreto al señalar Santa Cruz enfrenta un escenario en el que “se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.
El anticipo no constituye una transferencia definitiva, sino un préstamo de corto plazo que deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal. El mecanismo de devolución será automático: los fondos serán descontados directamente de la coparticipación federal que le corresponde a Santa Cruz (junto con los intereses generados), lo cual aparece detallado en el instrumento legal.
El decreto fija una tasa nominal anual del 15% sobre los saldos, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su cancelación total, la que se hará a lo largo del año. En ese sentido, se comenzará a devolver ya en la coparticipación que se devengue en el próximo mes.
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, explicó que “la emergencia económica es real, hay que afrontarla y ver cómo resolver las urgencias y las demandas que el Estado tiene en el corto plazo”.
En el caso de Santa Cruz, “el auxilio nacional apunta a evitar interrupciones en pagos clave como los haberes de los pasivos y los activos, y al mismo tiempo sostener la operatividad del sector público en tanto y en cuanto se logre estabilizar la situación financiera”.
