El Mediador 
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su enérgico rechazo ante la reciente operación del petrolero de bandera británica VS PROMISE en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia. A través de un comunicado oficial y pronunciamientos en redes sociales, la administración provincial —encabezada por el gobernador Gustavo Melella— criticó de forma contundente la habilitación otorgada por el Gobierno nacional para el ingreso de la embarcación de 228,6 metros de eslora y capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, cuyo destino final sería Estados Unidos.
Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que resulta "inadmisible" la presencia de un buque de la potencia ocupante en la capital de la provincia a la que constitucionalmente pertenecen las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Asimismo, el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, tildó el episodio de "hecho inédito" y remarcó la paradoja de que la maniobra ocurra bajo la administración directa del Estado central.
Contradicción geopolítica y el reclamo por la autonomía portuaria
La polémica reabrió el conflicto en torno a la intervención de la terminal portuaria, dispuesta el pasado 20 de enero por la Casa Rosada mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En aquel momento, la gestión de Javier Milei justificó la medida aduciendo el carácter de "activo estratégico" del puerto y la necesidad de resguardar la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Frente a los hechos recientes, las autoridades fueguinas señalaron que la autorización del VS PROMISE deja al descubierto una clara incoherencia entre el discurso oficial y las acciones desarrolladas tras desplazar a las autoridades provinciales.
En este marco, la provincia exigió al Ejecutivo nacional que informe de manera inmediata y pública los criterios políticos y estratégicos bajo los cuales se autorizó el amarre del petrolero. Al mismo tiempo, renovó su reclamo por el cese de la intervención de la terminal —medida que ya se encuentra judicializada y a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia— y demandó la restitución inmediata de la administración del puerto a la jurisdicción fueguina.
Tensión creciente por la agenda del Atlántico Sur
El episodio del VS PROMISE se suma a una serie de desacuerdos profundos entre Ushuaia y la Casa Rosada sobre la gestión geopolítica del territorio austral. La gestión provincial viene cuestionando el alineamiento del Gobierno nacional con potencias extranjeras, citando como antecedentes la visita en 2024 de la exjefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, el anuncio de una base naval integrada, el remate de tierras de la Armada y la falta de reclamos firmes ante el avance de proyectos de exploración petrolera ilegal en la cuenca de Malvinas.
Ante este panorama, las autoridades de Tierra del Fuego advirtieron que no permanecerán indiferentes frente a decisiones unilaterales adoptadas desde la administración central que comprometan los recursos y derechos soberanos del país. Finalmente, el Gobierno provincial convocó a las fuerzas políticas, poderes públicos y a la ciudadanía a defender el valor estratégico de Ushuaia y evitar que la postura argentina respecto a Malvinas y el Atlántico Sur se reduzca a una mera declaración retórica.
