“No vi nada”. “No recuerdo”. “No lo se”. Sólo diez minutos duró la declaración de la última testigo del año en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Era la oportunidad que tenían antes de la feria judicial la fiscalía y las querellas para lograr que un testimonio aporte elementos sobre los supuestos delitos de corrupción. Sin embargo, Gabriela Esther Prpic, actual auditora junior de la Dirección Nacional de Vialidad, dijo no recordar nada del informe ordenado por el ex titular del organismo, Javier Iguacel sobre las rutas de la provincia patagónica.

Pero, además, la testigo que había sido propuesta por la propia fiscalía no sólo no sumó ningún dato significativo sobre las presuntas maniobras delictivas, sino que en su brevísima intervención benefició al empresario Lázaro Báez, imputado en la causa. “Alguien le pidió que hiciera o dejara de hacer algo en beneficio de Lázaro Báez o del Grupo Austral?”, preguntó una de las defensas. “No”, respondió Prpic.

¿Recuerda qué decía el informe del año 2016 sobre las obras en Santa Cruz?, interrogó el fiscal coadyuvante, Sergio Mola. “La verdad, no recuerdo”. ¿Usted recorrió las obras en el territorio? “No. Yo no fui al Distrito”, dijo.

La comparecencia de esta testigo en la última audiencia del 2020 fue la síntesis de lo ocurrido durante todo el debate hasta el momento. Una sucesión de declaraciones que no sólo no aportaron elementos sustanciales que prueben los supuestos sobreprecios y el direccionamiento, sino que rebatieron en forma contundente los argumentos acusatorios. Inclusive, muchos de ellos fueron más allá, al señalar bajo juramento a la gestión macrista por sus métodos persecutorios dentro de Vialidad, la paralización de casi toda la obra pública a partir del año 2016, la política para el beneficio de privados y el “desguace” del histórico organismo.

“Las obras existían”. “Sobreprecios de 0,006%, es decir, inexistentes”. “Iguacel y Stoddart llegaron en patrullero. Nos sentimos intimidados”. “Vendimos a Austral a buen precio y nos pagaron a término”. “No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”. “Había control por parte de la AGN”. Plazos de entrega de obras “al día”. Redeterminaciones de plazos y precios “habituales” y dentro de los cánones normales. Todos estos textuales resonaron durante las sucesivas audiencias, lo que generó un balance positivo para las defensas de los trece imputados, de cara al receso de verano.

Con audiencias una o dos veces por semana, jornada tras jornada el Tribunal Oral número 2, a cargo de los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini llevó adelante el proceso en forma semi presencial, en el año marcado por la pandemia, no sin momentos de tensión entre las partes.

El juicio, que de seguir en esta tónica podría terminar sin ningún condenado, se retomará con la declaración de nuevos testigos el próximo lunes 8 de febrero del 2021.

FUENTE: Ámbito.