Las empresas distribuidoras de gas presentaron este martes sus propuestas de aumentos en las tarifas, que deberían comenzar a aplicarse a partir de abril de este año. Los aumentos pedidos por las empresas serán analizados y debatidos en una audiencia pública a mediados de marzo, pero que no tienen un resultado vinculante.

Sin embargo, el lunes, en su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunció que la conformación de un nuevo cuadro tarifario, luego de casi dos años de precios congelados, puede llegar a demandar varios meses. Y que la idea de que las tarifas de los servicios públicos estén vinculadas al ingreso de la población —que es uno de los objetivos del Gobierno— recién podría aplicarse en 2022.

Las facturas de gas que reciben los usuarios se componen de cuatro variables: el precio del gas, el transporte, la distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y tasas municipales). En la audiencia del 16 de marzo, se debatirán los costos de transporte y distribución.

La propuesta de las empresas distribuidoras, que tienen los mismos cuadros tarifarios desde abril de 2019, incluyen aumentos en el costo fijo y en el costo por metro cúbico del gas (variable según el consumo). En el caso de Metrogas, la principal distribuidora de gas natural con aproximadamente 2,3 millones de usuarios, se presentaron dos propuestas. Una donde el aumento en el costo fijo y el costo variable es de 148%, que es lo que correspondería por la revisión tarifaria (RTI) vigente que contempla un mecanismo de ajuste semestral de acuerdo al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Y otra alternativa, con una propuesta “de transición”, que contempla subas de 58 por ciento.

El impacto en las facturas, podría ser de entre 7% y 9%. Según Metrogas, este ajuste de transición, no contempla la “rentabilidad razonable a la que tiene derecho”, ni tampoco cubre las necesidades financieras y no llega a reestablecer su equilibrio económico-financiero. “Un contexto inflacionario provoca un desequilibrio financiero que no puede ser soportado por largo tiempo y conduce inexorablemente a un replanteo de las inversiones y costos para la prestación del servicio que atenta contra la calidad pretendida al momento de establecerse la tarifa base que regiría entre revisiones tarifarias”, dijeron.

En tanto, Naturgy BAN, otra de las principales empresas distribuidoras, solicitó al Enargas la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que es —aproximadamente— un 128% más. Sin embargo, como tarifa transitoria “a cuenta”, la compañía propuso un incremento del 51%, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio, según detallaron.

En su discurso en el Congreso, el Presidente criticó los aumentos de los servicios durante el gobierno de Mauricio Macri. “Entre 2016 y 2019, el aumento de las tarifas de luz y gas se convirtió en un verdadero martirio para los argentinos. Las empresas productoras, transportadores y distribuidoras se llenaron los bolsillos de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para mejorar la calidad de los servicios”, señaló Fernández. Y detalló que si se sigue en marcha con el sistema de revisión integral vigente –del gobierno anterior– el gas debería haber aumentado 80% en octubre y debería aumentar 130% en abril.

El Gobierno convocó recientemente a las dos primeras audiencias para la discusión de las tarifas de gas. El 15 de marzo se discutirá el precio del gas (que reciben las empresas productoras). Y el 16 de marzo la “adecuación transitoria” de las tarifas de los servicios de transporte y distribución.

Las audiencias –que son abiertas y participativas– son un paso previo y obligatorio que se debe concretar antes de cualquier suba de tarifas de servicios públicos, aunque sus resultados no son vinculantes y solo funcionan como un ámbito informativo y de consulta. En este caso, serán las dos primeras audiencias que se realizarán durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que las tarifas permanecen congeladas desde marzo y abril de 2019.

FUENTE: Infobae