El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 rechazó las recusaciones presentadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral de la causa "Vialidad", donde la expresidenta es acusada de cometer presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de contratos de obras públicas para el empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz.

La Justicia dispuso una resolución de 20 páginas para argumentar su negativa, señalando que no hay "razones legítimas ni objetivas que avalen la posición de los incidentistas". Además, el TOF remarcó "la falta de actualidad del agravio".

En concreto, la vicepresidenta solicitó apartar del caso al juez Rodrigo Giménez Uriburu y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes desplegaron sus hipótesis en cuanto a posibles desvíos en las licitaciones, durante las administraciones kirchneristas, entre el 2003 y 2015.

El pedido de la líder del Frente de Todos se produjo mientras se daba a conocer que esos miembros del Poder Judicial jugaban al fútbol en una quinta del expresidente Mauricio Macri, reflejando un claro conflicto de intereses. Ese planteo había sido apoyado también por las defensas de Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Guillermo Periotti.

Para el Tribunal, Cristina Kirchner tuvo "severos déficits argumentales"
En la contestación, el Tribunal consideró que el planteo de Kirchner tuvo "severos déficits argumentales y de razonamiento, que impiden tomar como válidas las premisas fácticas construidas para sustentar los temores invocados de una forma genérica e involucrando en relatos grandilocuentes a las personas a las que dirigieron sus embates".

Con ese tono, agregó: "Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende".

Para la Justicia federal, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani no forman parte de una conspiración, y habrían tenido posturas contrarias en varios tramos de la causa: "Podríamos profundizar e identificar cada una de las decisiones en que el doctor Giménez Uriburu adoptó una posición contraria a los intereses que en esta causa representa el doctor Luciani", se lee.

Con mayor dureza, añadieron: "Pero no haríamos otra cosa que sobreabundar al solo efecto de evidenciar el yerro y la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas que realizaron livianas referencias, sin recurrir como corresponde para ejercer el ministerio que les fue confiado, a las constancias de la causa".

Para concluir con su rechazo, escribieron: "Descartada entonces la razonabilidad de los temores que fueron invocados para cuestionar la imparcialidad y objetividad de los magistrados que intervienen, así como también el infructuoso esfuerzo por objetivar en la actuación profesional del magistrado que integra el Tribunal".

El fiscal Luciani ya había rechazado apartarse de la causa
"No tuve ni tengo ni militancia política ni identificación ideológica", decía Luciani al rechazar los planteos de Kirchner para apartarlo del caso, al considerar que obraba de mala fe, en el marco de una posible persecución judicial en su contra. "Ni el presidente anterior, ni el actual van a interferir en mi trabajo, nunca", enfatizó el funcionario judicial.

En los últimos días, Luciani expuso su hipótesis para elaborar los alegatos finales contra Kirchner, señalando que se había montado "un aparato ilegal" para desviar 51 licitaciones de obras públicas. "Hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51", remarcaba.

Movilización en el Parque Centenario para apoyar a Cristina Kirchner
El juez Juan Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid convocaron a una manifestación para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner frente a los avances de la causa "Vialidad".

La movilización kirchnerista se produjo este sábado en el Parque Centenario, donde se manifestaron proclamas en contra del 'lawfare', una posible conspiración regional para perseguir judicialmente a dirigentes del progresismo, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Rafael Correa en Ecuador. Frente a unas 5.000 personas, pidieron "democratizar el Poder Judicial".

FUENTE: Ámbito.