Entre los requisitos a los que supeditó una eventual autorización al uso de esas armas, Amnistía reclamó “asegurar que todos los funcionarios reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.

Además, propuso “prohibir terminantemente su uso contra mujeres embarazadas, ancianos, niños, niñas y jóvenes menores de edad, personas con trastornos emocionales, personas que presenten alguna discapacidad psíquica o física, personas en situaciones de vulnerabilidad, personas bajo los efectos de las drogas”.

La entidad humanitaria envió un “pedido de acceso a la información” al Ministerio de Seguridad ante el anuncio de compra de armas Taser.

La organización humanitaria reclamó a las autoridades nacionales “detalles sobre el tipo y la cantidad de armas eléctricas compradas, qué efectivos utilizarán esas armas y cuáles serán los criterios de selección, qué capacitaciones se brindarán y los procedimientos de rendición de cuentas”.

Amnistía recordó su “preocupación ante el mal uso de este tipo de armas”, del mismo modo que lo había manifestado en 2015 “cuando se debatía la compra de las armas de electrochoque por parte de la Ciudad de Buenos Aires”.

Según la organización humanitaria, las Taser “presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento”.

Además, agregaron en un documento, “tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no deja huellas en la persona y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que está utilizando”.

La organización subrayó que el Comité contra la Tortura de la ONU determinó que ese tipo de armas deben ser utilizadas “sólo en situaciones extremas y limitadas cuando haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves”.

Sin embargo, “muchas veces son utilizadas en modo ‘aturdimiento’ a partir de la descarga continua o prolongada si se aprieta reiteradas veces el gatillo o se mantiene apretado, con la intención de infligir dolor, lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Amnistía Internacional recomendó también  “establecer un marco legal que limite estrictamente su uso a situaciones en las que la alternativa sería el uso de la fuerza letal, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego”.

“El mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos”, resume el documento.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS