Bolsonaro acorralado por la venta de las joyas
"No mandé a nadie vender nada", dijo el expresidente. Pero recalcó que su ayudante --en prisión preventiva-- tenía autonomía para tomar sus decisiones.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro negó este viernes que diera ordenes a su edecán, el teniente coronel Mauro Cid, para vender las joyas que recibió como regalo durante viajes oficiales como jefe de Estado.
"No mandé a nadie vender nada", señaló Bolsonaro en declaraciones a a la prensa y recalcó que Cid, quien está en prisión preventiva desde mayo, tenía autonomía para tomar sus decisiones. También intentó defenderse alegando que un decreto que estuvo en vigor hasta 2021 permitía que los jefes de Estado se apropiaran de las piezas de joyería, tales como relojes o collares recibidas como obsequios.
Exponer la verdad
El líder ultraderechista hizo estas declaraciones después de que el abogado de Cid, Cezar Bitencourt, dijera a varios medios de comunicación que su cliente se disponía a confesar que vendió las joyas bajo órdenes del exmandatario. El caso se refiere a un conjunto de objetos de gran valor que le fueron obsequiados al capitán retirado del Ejército en viajes oficiales a Arabia Saudí y otros países árabes, los cuales debió haber entregado al acervo del Estado al dejar el poder. Según las investigaciones, Bolsonaro vendió algunos de esos regalos a través de intermediarios, aunque sus colaboradores las habrían recomprado una vez que el Estado exigió su devolución.
La confesión del edecán puede complicar aún más la ya delicada situación jurídica de Bolsonaro, investigado en varias causas civiles y penales. Todo ello coincide además con el reciente testimonio que dio un hacker en la comisión parlamentaria que investiga la asonada de principios de año, en donde acusó al ultraderechista de buscar sus servicios para intentar invadir los sistemas electrónicos de votación y prometerle un indulto en caso de que tuviera problemas con la Justicia.
Las cuentas bancarias
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizó el jueves a la Policía a levantar el secreto bancario y fiscal del expresidente y su esposa, Michelle Bolsonaro. El fallo respondió a una petición de la Policía Federal (PF) que quiere indagar las cuentas de ambos en busca de transacciones sospechosas y saber si el dinero obtenido por la venta de las joyas llegó hasta el ex jefe de Estado. El magistrado también dio luz verde para que la PF solicite a EE.UU. el levantamiento del secreto bancario de los investigados que tengan cuentas en ese país.
Bolsonaro manifestó en sus recientes declaraciones a los periodistas que no le preocupa esa orden judicial, pero admitió que es una decisión que le molesta. Su esposa Michelle denunció que "queda cada vez más claro que esta persecución política, llena de malabarismo e hinchada por los medios, tiene como objetivo manchar el nombre de mi familia e intentar hacerme desistir. No lo conseguirán". Además afirmó que no hacía falta levantarle el secreto bancario y que bastaba pedírselo porque "quien nada debe, nada teme".
Nuevos detenidos
La Policía Federal y la Fiscalía de Brasil lanzaron este viernes un operativo contra la cúpula de la Policía Militar de Distrito Federal, que produjo media docena de registros y siete detenciones por ser presuntos cómplices del intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero. Entre ellos están el comandante general de la Policía Militar, el coronel Klepter Rosa Gonçalves, y el excomandante coronel Fabio Augusto Vieira.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que afirma que los detenidos omitieron sus responsabilidades laborales durante la invasión, teniendo en cuenta que esa fuerza depende del gobierno nacional para asumir la seguridad de la Explanada de los Ministerios, el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
La investigación encontró que había una "profunda contaminación ideológica" entre los oficiales de la Policía Militarizada del Distrito Federal y que los jefes policiales adhirieron al bolsonarismo mediante "teorías conspirativas sobre fraude electoral". "Según la prueba existente, los imputados tenían conocimiento previo de los riesgos y se adhirieron intencionalmente al resultado delictivo previsible, incumpliendo su deber funcional de actuar", precisó la Fiscalía.
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