Dr. Eduardo Barcesat: “Se han apropiado de estas 60 mil hectáreas en zona de frontera”

El Dr. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, brindó detalles respecto a la denuncia sobre la maniobra de compra de estancias en Santa Cruz por parte de capitales extranjeros, que se trata de un grupo de empresas chilenas tras un inversionista argentino.

El letrado contó que tanto la Provincia de Santa Cruz como la Unidad de Investigación Financiera, se sumaron como querellantes en la causa. En diálogo con EL MEDIADOR expresó: “Es una simulación ilícita que constituye un fraude, tanto a la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras rurales, como a la legislación sobre zonas de frontera”.

“Hay que hacerle saber a la audiencia que esos terrenos fueron parte de laudo arbitral cardinal Samoré, incluso hay un hito demarcatorio de la frontera con Chile que atraviesa la propiedad. De modo que tiene una carga histórica, además de la valía geográfica, tiene 50 km de rivera sobre el Lago San Martin del lado Argentino”, explicó el abogado.

Asimismo, brindó detalles sobre las tierras: “Tiene una serie de características ocho ríos que atraviesan el predio. Se generó un fideicomiso poniendo como socio fidusuario a un argentino, Ezequiel Braun Pellegrini, y el que controla el fideicomiso es Inversiones Aluquina, una empresa chilena que es parte del holding Corpora S.A.”.

Y continuó: “Y el dueño de Corpora S.A. es la familia de Maximiliano Ibañez Bulnes. Con esta actuación, han empleado cinco o seis sociedades chilenas para disfrazar que se trata de un único dueño, se han apropiado de estas 60 mil hectáreas en zona de frontera”.

Además, indicó que “están implicados también en la causa tanto la Dirección Nacional de Registro de Tierras Rurales como la Secretaria de Zona de Fronteras del Ministerio del Interior, quien expide las certificaciones habilitantes. Se limitan a consignar que el Señor Ezequiel Braun Pellegrini es argentino, como si con eso se agotara toda la tarea de control y preservación que contemplan estas leyes que son de orden público, son insusceptibles de modificaciones”.

Por último, sostuvo: “La provincia de Santa Cruz es la más damnificadas y dos organismos fiscales, que son la Unidad de Información Financiara y la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, está desde el inicio con tropiezos, todo resuelto a favor de la visibilidad de la querella”.

“Acaba de ser resuelto favorablemente para nosotros ver de dónde salió el dinero, estamos aportando una documentación que acredita que los pagos los hicieron sociedades chilenas a través de Bancos Chilenos, y con bancos gestores”, amplió.