Este miércoles, el presidente de la Institución Legislativa, concejal Julio Arabena, junto a sus pares Ayrton Ruay, Giulliana Tobares, Sol Kamú y Martín Chávez recibieron a empleados del CDR de Río Gallegos y a delegados de ATE y UPCN, quienes les solicitaron un pronunciamiento formal en el cual rechacen el cierre de los centros de referencia en todo el país y el despido de empleados públicos que anunció el Gobierno Nacional.

En este contexto, cada uno de los concejales presentes expuso su posicionamiento ante la situación planteada por el grupo de trabajadores. Así, el concejal Arabena manifestó: “Entendemos que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional son autoritarias y la forma de comunicación, como en este caso, son poco seria; lo han demostrado. Desde mi lugar voy a acompañar los repudios porque considero que todos los derechos laborales se han conseguido luchando a través de los años y hoy hay que defenderlos. Quedan todos los trabajadores del CDR invitados a la próxima sesión para que puedan presenciar el tratamiento de los proyectos, las puertas del Honorable Concejo Deliberante siempre están abiertas y nosotros a disposición para el dialogo y cualquier inquietud que tengan”.

Por su parte, la concejal Sol Kamú expresó: “Nosotros, como representantes del pueblo que llegamos acá por el voto popular y muchos de ustedes han confiado en nosotros, creo que tenemos que marcar una postura y acompañarlos, más allá de las ideologías políticas. Acá no importa a quién votamos o con quién simpatizamos, acá está en juego la fuente laboral de cada uno de ustedes, muchos son sostén de familia, con hijos, con adultos mayores a cargo”.

A su turno, el concejal Chávez, enfatizó: “No es solo el achique del Estado, sino es el recorte de las políticas públicas relacionadas con atender necesidades sociales que en este momento son acuciantes por la situación económica que vivimos. No solo es un ataque a un ente (por los centros de referencia) sino también a los trabajadores; se ‘echa por tierra’ todas las conquistas de los derechos laborales en nuestro país”. En otro orden, expresó su total apoyo con la causa: “Desde ya los acompañamos, nos solidarizamos y nos ponemos a disposición para poder colaborar. También quiero recordar que todos los juicios laborales que se hicieron entre el 2016 y 2019 fueron en favor de los trabajadores porque (estos despidos) se realizan sin ningún tipo de respeto a la garantía que toda persona tiene como trabajador. Así que no dejen de insistir por la vía judicial que es lo que corresponde, más allá de que la visibilización del tema a nivel social y político es también muy importante”.

La concejal Tobares también hizo manifiesto su apoyo, señalando: “Soy testigo de que es un equipo que trabaja; doy fe. Hay gente que hoy se va a quedar sin trabajo por un capricho del Gobierno Nacional que duele. Acompaño la lucha de los trabajadores; estoy siempre para acompañar las buenas causas”.

Por último, el concejal Ruay afirmó: “Está claro que hay un solo objetivo: no se pueden permitir decisiones políticas arbitrarias, y menos en estos momentos donde se afectan directamente a muchas familias. Esto no se puede permitir. Creemos que hay que ir avanzando como sociedad y no retroceder; esto es un claro retroceso y no vamos a discutir eso. Comparto todo lo dicho por mis pares: Nosotros somos servidores que estamos a disposición de los ciudadanos; muchas veces se deben tomar acciones de lucha y lograr una agenda mediática para que el tema sea visibilizado en toda la comunidad de Río Gallegos”.

Centro de Referencias: la situación a nivel local

De los 59 Centros de Referencias distribuidos en las diferentes provincias del país, tres de ellos funcionan en Santa Cruz con un total de 39 empleados: 29, en Río Gallegos; 6, en Caleta Olivia; 1 en Gobernador Gregores; y 3, en El Calafate.

En relación a la función que desarrolla este organismo, los empleados del CDR local comentaron que la población objeto son las familias en situación de vulnerabilidad social. En esta línea, precisaron que se ofrecen ayudas económicas a personas que no pueden pagar el alquiler o los servicios. También indicaron que han asistido a la gente en cuestiones tecnológicas, facilitándoles soporte, herramientas y conocimientos para la inscripción en programas a nivel provincial y nacional, por ejemplo, en su momento, al Vale Santa Cruz, el Acompañar (dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género), o al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia. Asimismo, - señalaron- que se encargan de tramitar el monotributo social, las pensiones por discapacidad y a la vejez, como así también trabajan en la seguridad alimentaria a través de la entrega de semillas, fomentaron los talleres familiares, se otorgaron subsidios para diferentes organizaciones, y trabajaron articuladamente con otros organismos como ANSES. “Trabajamos con toda la comunidad, desde una perspectiva social que es importante porque hoy como sociedad nos está faltando más empatía, más cohesión social, creer en la movilidad social ascendente, no estigmatizar el otro.