Un Acta con la firma de un funcionario del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia confirma que los 400 kits enviados a la localidad, fueron entregados en el Hospital San Lucas de 28 de Noviembre. La concejal Isabel Gatica había denunciado esta mañana que el intendente Fernando Españón había enviado 200 de esos kits a un laboratorio privado.
LA PROVINCIA 05 de enero de 2021
Un Acta de Entrega firmada por Rafael Eduardo Velásquez de la Dirección General de Logística del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, desestimó la denuncia que esta mañana hiciera pública a través de los medios de comunicación la concejal Isabel Gatica, quien aseguraba que el intendente Fernando Españon había desviado 200 de los 400 kits enviados a la localidad, para favorecer a un laboratorio privado en 28 de Noviembre.
Gatica aseguró que el Intendente recibió 400 kits de hisopados en Río Gallegos, de los cuales 200 entregó al Hospital San Lucas y otros 200 los desvió a un laboratorio privado que tendría un convenio con la comuna. La edil sostuvo que el Secretario de Salud y Ambiente del Municipio, Dr. Luis Mielniczuk "les decía a los pacientes que se vayan a hacer el hisopado al privado y que el costo era de 5 mil pesos”.
Sin embargo, esta tarde, un Acta de Entrega firmada por funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Financiera de la cartera de Salud provincial echaron por tierra esa denuncia, ya que en la misma aseguran que los 400 kits fueron enviados al Hospital San Lucas.
Desde el inicio de la gestión, Españón no logró el acompañamiento de los concejales que integran el Parlamento Comunal, los que lo denunciaron incluso en la Justicia y hasta avanzaron con un pedido antidemocrático de destitución ante las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, para que dicho ente analice la remoción del cargo.
El Secretario General de ATE Río Turbio dijo que “es positivo” haber sostenido los puestos de trabajo y destacó el compromiso en la producción de carbón. Remarcó que falta inversión en maquinaria y vehículos, y hace dos años no reciben indumentaria. Por último, pidió “tener fe y esperanza de que YCRT puede ser productiva”.
“Vuelven a reincidir en el robo los mismos personajes que hemos detenido una y otra vez”, cuestionó el titular de la Unidad de Coordinación, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad provincial. “La justicia tiene que ser más rígida”, reclamó. También remarcó que la situación económica es compleja y genera irritación y violencia.
La diputada nacional dijo que en el Congreso tiene por delante “un trabajo que no es solamente resistir; es hacer, intentar, crear y ver de qué manera nos vamos a pensar en el futuro”. En marzo se conocerá la persona que quedará al frente de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos.
La Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos destacó que las colonias ofrecen un servicio de calidad y totalmente gratuito. Podrán participar cerca de mil niños y se crearán 70 puestos de trabajo para profesores auxiliares y coordinadores.
Tras aprobarse el Presupuesto de la Legislatura para el año entrante, la Cámara de Diputados de Santa Cruz alquiló un nuevo edificio para su nuevo anexo. Se trata de las oficinas ubicadas en la esquina de las calles Sarmiento y Pellegrini de la capital provincial.
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La Agencia Provincial de Seguridad Vial dispuso el corte total de tránsito en varios tramos clave de la provincia debido a una alerta naranja del SMN. La medida rige este sábado 27 de diciembre entre las 10 y las 18 horas, ante ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Si bien fue aprobado en la sesión del pasado miércoles, las diferencias obligaron al Vicegobernador a dirimir la votación con su voto. Pidieron enviar el expediente a Comisiones para reasignar partidas pero se rechazó. Piero Boffi renunció a la Presidencia del Bloque.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
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