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EL PAIS17 de diciembre de 2025El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.


Era la secretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, del Ministerio de Mujeres. El Ejecutivo nacional prorrogó además la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo hasta el 10 de diciembre de este año.
EL PAIS10 de enero de 2023






El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en la Casa Rosada con la nueva interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Marisa Pena, cuya designación se realizó a través del decreto 15/2023, publicado en el Boletín Oficial de la fecha.


La nueva interventora del Inadi afirmó que trabajará por los "consensos que unen a la sociedad" de "libertad, igualdad y no discriminación por ninguna condición", tras reunirse con el Presidente.
"Agradezco al Presidente de la Nación @alferdez por la confianza y el gran desafío que representa estar al frente del @INADI_AR", expresó Pena desde su cuenta de Twitter.
Sostuvo además que va a trabajar "para que el organismo exprese los consensos que nos unen como sociedad: libertad, igualdad y no discriminación por ninguna condición".
."Le agradezco al Presidente haberme honrado con la responsabilidad de estar al frente de un organismo como el Inadi que, a 40 años de la vuelta de la democracia, es una agencia vital del Estado nacional", expresó Pena luego de la entrevista, informó la Presidencia de la Nación en un comunicado.
Destacó que "mediante la educación, la difusión de derechos y el fortalecimiento de la sociedad civil de cada temática; buscaremos el resguardo de nuestros valores como Nación, que no son otros que la igualdad, la libertad y la justicia social, que contribuye a la generación de políticas públicas transversalizando el principio de igualdad y no discriminación".
El decreto 15/2023, a través del cual se prorroga además la intervención del Inadi hasta el 10 de diciembre de este año, lleva las firmas, además de la del Presidente, de los ministros de Justicia, Martín Soria; y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ximena Ayelén Mazzina Guiñazú.
En la misma norma legal se acepta la renuncia de Pena al cargo de subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
FUENTE: AGENCIA TÉLAM





El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.

Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias

Estaban registradas en las categorías menores.



En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.

Mariano Mengochea fue nombrado como Director General de la DGI en reemplazo de Andrés Vázquez.

El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.

La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.

La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.





