El máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la expresidenta por la presunta falta de imparcialidad de Bonadio, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.
En la causa también había sido imputado el senador Oscar Parrilli, quien acompañó la recusación contra Bonadio y los cuestionamientos por su actuación como denunciante y juez de su propia denuncia.
"La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal", señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.
La Cámara Federal había rechazado los planteos contra el origen y la instrucción de la causa, al tiempo que confirmó parcialmente el procesamiento contra la vicepresidenta.
Casación consideró que "las circunstancias reseñadas dan cuenta, por un lado, del fundado temor de parcialidad respecto del entonces magistrado actuante, impedido desde siempre de haber intervenido en este expediente".
Además, el fallo evaluó que ante los argumentos de la ex presidenta y de Parrilli "se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso".
El tercer juez del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de Cristina Fernández de Kirchner porque "no se dirige contra una sentencia definitiva".
La causa es una de las ocho indagatorias simultáneas que dispuso Bonadio para la expresidenta, como derivación del expediente de las fotocopias de los cuadernos, el 25 de febrero de 2019. La exmandataria había sido procesada por el delito de "peculado", decisión que fue parcialmente avalada por la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. La Cámara de Casación retrotrajo la situación a su momento inicial y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
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