La provincia de Santa Cruz comenzará a cobrar a los extranjeros la atención en los hospitales públicos, al igual que ya se comenzó a hacer en Salta.
“Estamos ya en esa tratativa, implementamos un nuevo carné hospitalario donde hay ciertos requisitos y nosotros tenemos que cubrir a los carenciados que realmente lo necesitan”, anunció el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Ariel Varela, en declaraciones radiales.
El funcionario aclaró que la medida será para los turistas y visitantes que estén de paso por la provincia y no para aquellos extranjeros que residan en Santa Cruz.
Además, Varela se refirió a la entrega de turnos Web para las consultas médicas en el Hospital Regional de la capital provincial y a la situación sanitaria por el recorte presupuestario desde el Gobierno nacional, y fue en ese marco que reveló que van a cobrarle a los extranjeros no residentes.
"Estamos pasando por una situación muy crítica. Hubo un recorte de 130 mil millones de pesos del Gobierno nacional, nos han recortado en medicamentos. La provincia tiene que salir a comprar 16 mil litros de leche; y en el aumento de los insumos hay un incremento del 239%", señaló.
La medida que se aplicará en Santa Cruz ya tiene un antecedente en Salta.
Este lunes, la provincia del norte argentino publicó en el boletín oficial, el decreto de necesidad y urgencia 129/24, que dispone el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia regular (o con residencia transitoria o precaria) en el país, que fue anunciado como Ley Nº 8421.
La publicación de esta norma se hizo antes de cumplir los 90 días sin que ambas cámaras lo trataran, plazo establecido por la Constitución de esa provincia.
Entre los considerandos para convertir el instrumento en ley, se indicó que la Cámara de Senadores aprobó el decreto el 4 de abril y lo remitió a la Cámara de Diputados, “sin haber sido rechazado o aprobado por ésta, conforme al artículo 145 de la Constitución Provincial”.
Fue por ello que el gobierno salteño afirmó que “se encuentran cumplidos los plazos establecidos en el citado precepto constitucional” para que el decreto se convierta en ley sin el tratamiento por una de las cámaras.
