La menor está internada en el Hospital SAMIC con síntomas neurológicos y signos de desnutrición. El caso tiene en vilo a la provincia. Sospechan que la droga fue transmitida a través de la leche materna.
LA PROVINCIA 09 de abril de 2025
El Mediador 
Una beba de apenas 14 meses fue internada en el Hospital SAMIC de El Calafate con síntomas de intoxicación y signos visibles de desnutrición. Tras varios estudios, los análisis de sangre confirmaron la presencia de cocaína en su organismo.
Según trascendió, la pequeña ingresó al hospital con letargia, hipotonía (pérdida del tono muscular) y ataxia (trastornos en la coordinación), lo que hizo sospechar de un posible caso de intoxicación. Las fuentes médicas indicaron además que presentaba cierto grado de abandono.
De acuerdo a lo informado por el portal Señal Calafate, la principal hipótesis es que la sustancia pudo haber sido transmitida a través de la leche materna. Hasta el momento, no hubo comunicación oficial por parte del hospital ni intervención policial, aunque se espera la actuación del área de Niñez del Municipio y de la Justicia.
Los padres de la beba —una joven de 25 años y un hombre de 39— serían empleados del sector gastronómico y hotelero. La situación ha generado fuerte repudio e indignación en la comunidad local.
El caso permanece bajo un fuerte hermetismo, mientras se aguardan decisiones institucionales y judiciales respecto a la situación de la menor y la eventual responsabilidad de los adultos a cargo.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.
El fallo hizo lugar a la acción presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, anuló los actos derivados de la norma y restableció la integración anterior del Tribunal Superior de Justicia.
En el marco del debate por el nuevo sistema electoral, el diputado dijo que hay que buscar lo que sea “práctico” para el elector. La discusión se retomará en el mes de marzo. Según indicó, no hay urgencia porque “por el lado legal, estamos cubiertos”.
El Secretario Administrativo de ADOSAC advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno nacional “anula el rol del Estado como responsable principal de la educación y rompe prácticamente todos los fundamentos de la carrera docente”. También se manifestó en contra de la reforma laboral.
“Si hay fiestas hay regalos, si hay regalos hay promociones”.
El oficialismo armó las comisiones donde se aseguró la mayoría para avanzar con esta iniciativa clave para el Gobierno.
El plan de lucha continuará la semana próxima con nuevas interrupciones escalonadas en todo el país.
El Secretario General del SOEM de Río Gallegos rechazó el proyecto de Modernización Laboral y aseguró que “no hay ninguna buena” para los trabajadores. Advirtió que “es el puntapié para el avance en otras reformas estructurales que también van a golpear a las provincias y a los municipios”.
La referente del Plenario de Trabajadores Jubilados instó a movilizarse en rechazo a la reforma laboral. También celebró que se haya dado marcha atrás con la derogación de la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. “No lo pudieron imponer y esto tiene que ver con la lucha”, afirmó.
La Justicia Federal lo imputó como coautor de estafa procesal y falsificación de documentos en una causa por la apropiación fraudulenta de más de $720 millones en aportes sindicales. También fueron procesados un abogado y un vigilador privado, todos con embargos por $250 millones cada uno.
