El Mediador 
El Tribunal Oral de Río Gallegos condenó este martes a Roberto Neil a once años de prisión efectiva por el homicidio de Franco Cuevas, ocurrido el 2 de junio de 2023 dentro de la concesionaria “Oasis”.
La sentencia, dictada por las juezas María Alejandra Vila, Yamila Bórquez y el juez Jorge Yance, rechazó en su totalidad los planteos de nulidad presentados por la defensa y validó la acusación fiscal por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, los magistrados ordenaron revocar la prisión domiciliaria que Neil mantenía desde el inicio del proceso y dispusieron su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.
Durante el juicio, que se extendió varias semanas, la Fiscalía sostuvo que la víctima no representaba un riesgo letal para Neil y presentó una serie de pericias que indicaron que los disparos fueron realizados a distancias que descartaban un forcejeo directo. La defensa, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, argumentó que el comerciante actuó en legítima defensa frente a una agresión previa y denunció irregularidades en la recolección de pruebas, especialmente en la pericia balística. Sin embargo, el Tribunal determinó que ninguno de esos planteos justificaba la nulidad del debate ni modificaba la responsabilidad penal del acusado.
El caso se originó en un conflicto vecinal por un terreno contiguo a la concesionaria, que derivó en una escalada de tensiones entre ambas familias. Según la acusación, Cuevas ingresó al local para reclamar por un desalojo y minutos después fue abatido por disparos de arma de fuego. La reconstrucción del hecho, las imágenes de cámaras de seguridad y las declaraciones de peritos fueron elementos centrales que llevaron al Tribunal a descartar la versión de legítima defensa presentada por los abogados de Neil.
Tras conocerse la sentencia, las reacciones fueron inmediatas. La defensa anunció que presentará un recurso de casación y cuestionó la revocación de la domiciliaria, mientras que la familia de Cuevas expresó su dolor y consideró que la condena resulta insuficiente. El fallo marca el cierre de la primera instancia de un proceso que mantuvo en vilo a la comunidad de Río Gallegos y que ahora continuará en revisión ante instancias superiores.
