El Mediador 
Pedro Díaz, presidente del Centro Chileno de Río Gallegos, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y, en el programa El Mediador, se refirió al conflicto que atraviesa la entidad, luego de que un grupo de personas intentara ingresar al edificio a partir de una disposición de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz.
Díaz recordó que la situación se remonta al 2024, cuando se emitió una disposición que cuestionaba la elección de autoridades de la institución. “Vivimos una especie de deja vu el lunes pasado porque nos retrocedió a agosto de 2024”, expresó.
Según explicó, aquella medida sostenía que la comisión directiva había sido electa de manera irregular en una asamblea realizada aproximadamente 20 meses antes. La conducción presentó un recurso para cuestionar la decisión, aunque Personas Jurídicas rechazó el planteo. Posteriormente, recurrieron a la Cámara de Apelaciones, que dio lugar a la apelación con efecto suspensivo.
“Habíamos aprobado 11 balances, memoria descriptiva, informe de auditoría. Estaba todo bien eso, menos la elección de autoridades”, apuntó.
Díaz indicó que “nunca se resolvió la cuestión de fondo, por lo menos hasta ahora”. “No hay una una sentencia que diga si está bien o está mal. Nosotros sabemos y tenemos la absoluta certeza de que nos asiste el derecho porque nosotros sí hicimos las cosas que teníamos que hacer”, afirmó.
“Hay una contradicción y una contraposición flagrante”
Díaz indicó que el lunes pasado Personas Jurídicas, bajo la conducción de Olga Álvarez, emitió una nueva disposición en la que declaró vencido el mandato de la comisión directiva.
“En 2024 decían que nosotros no éramos comisión directiva, estábamos mal electos, que había habido una elección irregular. Y ahora dicen que el mandato nuestro del 2024 está vencido. Hay una contradicción y una contraposición flagrante, grosera”, cuestionó.
Para el dirigente, la nueva disposición desconoce los efectos de la medida dictada por la Cámara de Apelaciones. “Hay una medida dictada por la Cámara de Apelaciones que deja en suspenso la resolución de la cuestión de fondo. Razón por la cual no se puede sacar una disposición a contrapelo de una resolución de la Cámara de Apelaciones”, manifestó.
Y agregó: “La disposición es un documento administrativo que tiene cierta validez, por supuesto que sí, pero no puede imponerse a una resolución de la Cámara de Apelaciones”.
En ese marco, consideró que existe una omisión deliberada: “Para mí lo están omitiendo maliciosamente”.
La notificación
Otro de los puntos señalados por Díaz fue el plazo con el que la institución recibió la notificación. Según indicó, la Ley 3801 establece que, ante una medida de estas características, se debe notificar a la entidad con 15 días de anticipación. Sin embargo, aseguró que el Centro Chileno fue notificado apenas cuatro horas antes.
“Me enviaron un mail que encima entró como spam”, relató. Al revisar su correo electrónico, encontró el mensaje enviado a las 10:04 de la mañana.
“Es gravísimo lo que está pasando acá”, afirmó. “Yo le aconsejo con humildad al gobernador someter a evaluación a algunos funcionarios”, expresó.
Además, anticipó que presentarán denuncias penales contra Olga Álvarez por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Eso está previsto en el Código Penal, es gravísimo lo que está pasando acá. Están utilizando las herramientas del Estado para condicionar a las asociaciones civiles”, advirtió.
“Yo siento que están utilizando las herramientas del Estado para condicionar a las asociaciones civiles, clubes deportivos, esto está pasando en realidad, es casi sistemático”, afirmó.
En ese sentido, mencionó las controversias vinculadas al Club de Tejo, la Liga de Fútbol de los Barrios y el Colegio Médico. “No pueden estar equivocadas todas las instituciones. Legalmente nosotros estamos al día, tenemos todos nuestros balances”, aseguró.
Respecto del balance correspondiente a 2025, explicó que se encuentra en proceso de confección por parte de los abogados. También aclaró que, para presentarlo ante Personas Jurídicas, primero debe realizarse una asamblea general en la que sea aprobado por los socios.
Sin embargo, sostuvo que no pueden convocar a esa asamblea hasta que se resuelva la legitimidad de las autoridades del Centro Chileno, ya que hacerlo podría implicar apartarse de lo dispuesto judicialmente.
La representatividad del Centro Chileno
Consultado sobre la existencia de sectores de la comunidad chilena que cuestionen la legitimidad de la conducción, Díaz respondió que se trata de un grupo reducido. “Hay un par de deben ser cuatro o cinco personas de origen chileno, sí”, señaló, y sostuvo que no representan a un sector de la comunidad.
También cuestionó una campaña en redes sociales que estuvo dirigida contra los integrantes de la comisión directiva. Díaz vinculó a una de las personas que impulsó esa campaña con la movilización que intentó ingresar al edificio y cuestionó su anterior participación en la administración de la asociación.
En ese marco, hizo referencia a la etapa previa a la actual conducción y aseguró que debieron esperar más de tres años para ingresar al edificio, luego de obtener una sentencia judicial firme. Según relató, durante ese período no pudieron acceder a las instalaciones y cuestionó la falta de rendición de cuentas de quienes estuvieron a cargo de la institución.
Díaz destacó, además, el rol social del Centro Chileno y las actividades que allí se desarrollan, entre ellas fútbol, arquería, newcomb, karate, encuentros culturales y ferias. Según estimó, por semana circulan por la asociación entre 2.500 y 3.500 personas.
“Es uno de los lugares de mayor vinculación y contención social de nuestra comunidad”, afirmó.
Recurso judicial
Sobre los pasos a seguir, Díaz confirmó que se presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, con el objetivo de cuestionar la nueva disposición.
“Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos hace dos años. El mismo recorrido, mismo escrito, cambian pequeños detalles, cambia la fecha, pero el resto es lo mismo”, explicó.
El dirigente manifestó que esperan que la Justicia se expida de manera similar a como lo hizo en 2024, aunque también señaló que el tribunal podría resolver la cuestión de fondo y disponer que se convoque a una asamblea.
Díaz sostuvo que su intención es que la situación se resuelva por la vía judicial y que se convoque a elecciones cuando corresponda. “Yo lo que quiero es que la Justicia diga, en algún momento, cuando estime conveniente: muchachos, a elecciones”, concluyó.
