El Mediador 
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que solicitó a la Fiscalía de Estado y al presidente de Santa Cruz Puede S.A.U. un informe completo sobre el proceso de adquisición del predio perteneciente a Austral Construcciones, ubicado en la ciudad de Río Gallegos, sobre la Ruta Nacional Nº 3, con el objetivo de clarificar la situación jurídica, administrativa y judicial de los bienes involucrados.
El pedido fue impulsado por el diputado Pedro Muñoz, quien sostuvo que la iniciativa buscó garantizar transparencia y claridad respecto de una operación que tomó estado público y que fue presentada por el Gobierno provincial como parte de un cambio estructural en la gestión de activos estratégicos, señalando que la Legislatura debía contar con toda la información necesaria antes de avalar cualquier decisión de fondo
Muñoz planteó que el informe debía detallar la situación jurídica del inmueble, incluyendo las mejoras y maquinarias existentes, la tasación realizada y quién la llevó adelante, así como la existencia de contratos, convenios o actos jurídicos celebrados para concretar la adquisición y la identificación de la contraparte interviniente en esa operación
En ese sentido, explicó que también resultaba indispensable conocer si se efectuó algún pago o contraprestación, bajo qué modalidad y a favor de quién, ya que se trata de bienes vinculados a una empresa cuyo propietario, Lázaro Báez, fue condenado en la denominada causa Vialidad, por lo que el Estado provincial debía extremar los recaudos legales y administrativos.
El legislador remarcó que la causa judicial, iniciada en 2016 y con condena firme desde junio de 2025, dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Báez y a empresas vinculadas, y recordó que la normativa vigente obliga a registrar esos bienes en una base nacional y habilita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a asignarlos con fines de reparación a los damnificados por los hechos de corrupción
Desde esa perspectiva, Muñoz señaló que Santa Cruz aparece como uno de los principales damnificados directos o indirectos del entramado de corrupción investigado, por lo que consideró fundamental saber si el Gobierno provincial realizó gestiones ante la Justicia Federal para recuperar esos bienes decomisados y destinarlos al interés público.
El proyecto aprobado solicitó expresamente que se informe si existieron presentaciones judiciales en el marco de la causa Vialidad con el objetivo de recuperar para la Provincia los bienes alcanzados por las sentencias penales, entendiendo que ese camino debía ser prioritario frente a cualquier otra alternativa
Finalmente, el diputado destacó el acompañamiento unánime de sus pares, interpretándolo como una señal política clara en favor del control institucional, la defensa del patrimonio provincial y la necesidad de que todas las decisiones vinculadas a bienes de alto impacto público se adopten con información completa, verificable y accesible para la Legislatura y la sociedad.
