El Mediador 
Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y, en el programa El Mediador, cuestionó el proyecto de emergencia habitacional impulsado por el Ejecutivo y aseguró que “no va a servir para nada”.
"Si vos tenés miles de casas vacías que los propietarios no pueden alquilar y al mismo tiempo tenés comercios cerrando y una ola de despidos, está demostrando que el problema termina siendo la falta de recursos", indicó.
En esa línea, aseguró que la situación actual responde más a una crisis socioeconómica que a un problema de disponibilidad de viviendas.
"Creo que todos conocemos personas que alquilaban y tuvieron que volver a vivir con sus padres. El problema es de ingresos y la falta de trabajo, una situación que Santa Cruz nunca atravesó de forma tan cruda", afirmó.
Además, cuestionó la utilidad de la iniciativa legislativa.
"Entiendo que esta ley no va a servir para nada, porque es una mala ley. No solo no está diagnosticado el problema sino que tampoco da ninguna herramienta", sostuvo.
Chute repasó cada uno de los artículos del proyecto y aseguró que las facultades que allí se otorgan al Ejecutivo ya existen en otras normas o son inaplicables.
Entre otros puntos, el funcionario explicó que las facultades para reasignar partidas presupuestarias ya existen en el Presupuesto y la Ley de Administración Financiera. Además, dijo que el Gobierno no necesita una ley para firmar convenios con otros organismos y la iniciativa tampoco crea mecanismos concretos para agilizar contrataciones o acceder a financiamiento. También consideró innecesaria la creación de un banco provincial de tierras, al señalar que esa información ya obra en el Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro.
"Yo desafío a que algún diputado me diga concretamente qué herramienta le da esta ley al Ejecutivo. No lo han hecho", expresó.
Y agregó: "Esta ley no le va a servir al Ejecutivo tampoco. Cualquier cosa que quiera hacer con esto va a terminar siendo ilegal".
Chute también se refirió al conflicto por la deuda con la Caja de Previsión Social y recordó que la Constitución Provincial reconoce la autonomía administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios y remarcó que dicha autonomía "no puede ser limitada ni por ley ni por autoridad alguna".
En esa línea, cuestionó el fallo del Tribunal Superior y aseguró que "se está metiendo con la autonomía municipal como concepto, que es una de las instituciones basales de nuestro sistema constitucional".
A su vez, recordó que la deuda es histórica y atribuyó la situación al esquema de distribución de recursos vigente desde hace décadas.
"La mala distribución de recursos entre la Provincia y los municipios no empezó ahora, es un problema institucional", sostuvo.
Según explicó, actualmente la Provincia concentra el 90% de los recursos coparticipables, mientras que el conjunto de los municipios recibe el 10%.
"Eso hace que los municipios no es que no paguen porque no quieran. No pueden pagar porque no cuentan con los recursos para hacer ese depósito", afirmó.
En ese sentido, insistió en que la solución pasa por discutir una nueva ley de coparticipación.
"Cuando la Provincia quería regularizar esta cuestión, los municipios decían: 'Bueno, discutamos entonces la distribución de los recursos, dennos los recursos para cumplir'", expresó.
Además, advirtió que un descuento automático de una deuda histórica "va a poner en crisis a todos los municipios de Santa Cruz".
También cuestionó el accionar del Tribunal Superior al resolver la medida cautelar. "Pienso que no hubo un estudio previo de las autoridades provinciales y que tampoco lo hubo de la Justicia", manifestó.
Por último, volvió a cuestionar el proyecto de endeudamiento en dólares y aseguró que el Ejecutivo ya cuenta con herramientas financieras aprobadas en el Presupuesto para solventar el déficit.
También señaló que nunca quedó claro cuál sería el destino de los fondos. "La ley no incluye el supuesto listado de obras. Después llevaron a las comisiones un listado que justo sumaba 600 millones de dólares y tenía obras estratégicas como una cancha de césped sintético", cuestionó.
En esa línea, el funcionario lamentó la paralización de obras nacionales en Río Gallegos, como la ampliación de la red cloacal.
"Me hubiese gustado que explique el gobernador por qué convino con Milei que se rescinda la obra. Firmó un convenio diciendo que esta obra no es estratégica y que la termine el municipio. Nos enteramos este año porque el Ejecutivo nunca lo informó en su momento", expresó.
