
Fabiana Alfonso: “Es un paso importante, pero seguimos atentos”
El Mediador 



En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Fabiana Alfonso, directora del Instituto TEA, celebró la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad pero planteó los desafíos que todavía quedan pendientes para garantizar su aplicación.


"Nosotros, como colectivo de personas que trabajamos para la discapacidad y acompañamos día a día la lucha, creemos que es un inicio. Aplaca la incertidumbre que teníamos, que ya no sabíamos cómo continuábamos en el 2027", señaló.
Sin embargo, aclaró que todavía existen tensiones vinculadas con la falta de previsibilidad sobre los recursos necesarios para implementar la ley.
"Sabemos que es un inicio, que es un paso importante para el colectivo de discapacidad, pero seguimos con los ojos atentos en cómo se va a plantear el tema", remarcó.
Segpun explicó, la aplicación de la normativa dependerá de las decisiones del Gobierno nacional y del financiamiento que se destine al sector. En ese marco, sostuvo que todavía existe una deuda pendiente con las personas con discapacidad en materia presupuestaria.
Al analizar los alcances de la nueva legislación, destacó que se pasó de una normativa de carácter transitorio a una ley permanente, aunque advirtió que esa condición no garantiza por sí sola su cumplimiento.
"El carácter permanente y el piso presupuestario están sujetos también al presupuesto y a la decisión política que tenga el Gobierno nacional acerca de cómo va a sostener pensiones, la deuda que existe también con los prestadores", explicó.
“Es cierto, no es una ley de emergencia, es una ley permanente, pero también tiene que estar garantizado el presupuesto", afirmó.
Uno de los puntos que consideró importante seguir de cerca es el plazo establecido para cancelar las deudas con los prestadores. Según explicó, la normativa contempla pagos a 30 días, una disposición cuyo cumplimiento dependerá de la disponibilidad presupuestaria.
"Es una cláusula que está en la ley, y entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo para que suceda", advirtió.
Al mismo tiempo, señaló que los prestadores arrastran dificultades por los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los valores de las prestaciones.
Al plantear una mirada crítica sobre la normativa, Alfonso identificó cuatro cuestiones centrales que requieren atención: el desfasaje histórico del nomenclador y los aranceles, la incertidumbre presupuestaria, la reglamentación de esos aspectos y las decisiones que tome el Gobierno nacional respecto de la asignación de fondos para discapacidad.
"Ahí es donde tenemos que ver cómo se van a reglamentar estas cuestiones", manifestó.
Los derechos del colectivo de discapacidad
Alfonso remarcó que aún hay 26.000 pensiones suspendidas y planteó la necesidad de conocer cómo se resolverá esa situación.
"Celebramos la ley, sabemos que es un inicio y no tenemos que corrernos de observar lo otro. Nosotros, como colectivos, organizaciones de personas con discapacidad, somos los que tenemos que resguardar nuestros derechos", finalizó.


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