Como estaba previsto, el Gobierno extendió hasta el próximo 30 de junio, inclusive, los precios máximos de 2.300 productos que integran la canasta de consumo masivo. La medida fue anunciada a través de la Resolución 133/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Las autoridades nacionales decidieron seguir adelante con esta iniciativa que obligó a los comerciantes a retrotraer los valores de venta de varios alimentos y artículos de necesidad, a los vigentes hasta el 6 de marzo pasado.

Esta decisión se tomó a pesar de los reiterados reclamos por parte de algunos empresarios que aseguraron tener la necesidad de hacer ajustes por los aumentos de costos registrados desde el momento del congelamiento.

La Resolución, que lleva la firma de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, establece también que este plazo podrá ser nuevamente prorrogado “en atención a la evolución de la situación epidemiológica del Coronavirus COVID-19”.
 
Además, en el documento se intimó otra vez a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de todos estos productos a que aumenten “su producción hasta el máximo de su capacidad instalada” y tomen las medidas necesarias para “asegurar su transporte y provisión” durante la cuarentena.

Asimismo, la cartera que dirige Español aclaró que todos las comunicaciones necesarias entre las compañías y las autoridades nacionales deberán realizarse mediante la Plataforma de “Trámites a Distancia” (TAD), del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que antes de esta medida se habían registrado “aumentos generalizados en el precio de venta” de algunos alimentos, así como también “de productos de higiene y cuidado personal” por parte “de empresas de diversa capacidad económica”, los cuales “resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”.

Además, se resaltó que estas suban afectan “especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria” que derivó en una mayor “demanda de bienes de consumo esencial”.

En este sentido, el Poder Ejecutivo destacó que “el contexto actual por el que atraviesa el país es una situación dinámica en la que pueden presentarse diferentes circunstancias epidemiológicas dentro del país e inclusive dentro de las distintas jurisdicciones provinciales”.

Para la Casa Rosada, esta pandemia que perjudicó tanto a la Argentina como al resto del mundo “podría provocar, si no se adoptan las medidas adecuadas, una potencial crisis social sin precedentes”, por lo consideró necesario “asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas”.

Los empresarios de la alimentación, nucleados en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se reunieron la semana pasada de forma virtual y analizaron la posibilidad de pedirle al Gobierno una actualización general de precios cercana al 5%, pero finalmente esa solicitud quedó descartada, ya que cada firma tiene aumentos de costos diferentes y, de hecho, se los están informando de forma individual a la Secretaría de Comercio Interior.

Durante una reunión que mantuvieron a fines de abril con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, los directivos de Copal, encabezados por su presidente, Daniel Funes de Rioja, plantearon que la industria fue perjudicada por los problemas logísticos que ocasionó la cuarentena.

Además, remarcaron que hay restricciones de financiamiento y que tuvieron que contratar más personal para suplir a los empleados que debieron ausentarse de sus puestos laborales por pertenecer al grupo de riesgo.
"Creo que hay que tener en cuenta que, más allá de situaciones particulares de la empresa, el sector de alimentos e higiene personal ha logrado mantener sus ventas durante todo este período que el resto de la economía estuvo cerrada”, concluyó Español.

FUENTE: Infobae.