El presidente Alberto Fernández estudia volver a congelar el precio de los alquileres y frenar nuevamente los desalojos, ante las nuevas restricciones que regirán hasta fin de mes para intentar frenar la segunda ola de contagios de coronavirus.

El mandatario planteó este jueves que le preocupa de manera particular la situación de los inquilinos y la posibilidad que pierdan su vivienda ante falta de pagos motivadas por la “situación excepcional” de la pandemia, “que está de vuelta”.

Por eso adelantó que en su retorno a la actividad, tras permanecer aislado 14 días por dar positivo de Covid-19, se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para definir los pasos a seguir en ese sentido.

“Una de las primeras cosas que tengo que hacer en mi regreso a casa de Gobierno es llamar a Jorge Ferraresi para hablar de ese tema (en referencia a los alquileres y desalojos), que me preocupa. El momento de excepción no ha desaparecido. Pasó una primera hora y ahora viene una segunda ola, mucho más complicada”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Quiero que todos entiendan que aparecen variantes del virus todo el tiempo, acá y en todo el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional”.

Alquileres en la mira

Los alquileres y desalojos quedaron liberados desde el 1° de abril último tras un año de congelamiento en el marco de las medidas definidas en 2020 para enfrentar los efectos de la pandemia. La actualización de los contratos de locación generó el rechazo de las asociaciones de inquilinos, que alertaron por las familias que se quedarían en la calle y las condiciones de hacinamiento en las viviendas en el marco de la situación sanitaria.

A modo de respuesta, el Gobierno definió un protocolo para asistir a familias que estén cerca de sufrir un desalojo. Se aplicará a los locatarios de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales (una porción menor de los contratos), es decir, aquellos que estén declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La normativa establece la necesidad de contar con un registro de la población en riesgo de desalojo, para lo cual se recopilarán una serie de datos. Además, el protocolo dará prioridad a las familias monomarentales y monoparentales; a las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; a las víctimas de violencia de género; a las personas con discapacidad; y a las personas en extrema pobreza y/o indigencia.

FUENTE: TN.