El Gobierno confirmó que durante 2022 habrá un aumento de tarifas para los usuarios de gas y electricidad y que avanzará con la segmentación —orientar los subsidios hacia los sectores de menores ingresos—, lo que implica que los usuarios de mayor poder adquisitivo pagarán más por estos servicios.

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Economía aclararon que el Presupuesto 2022 establece un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. Esto implica una reducción del porcentaje actual, que distintos analistas ubican por encima del 2%. ¿Cómo estiman alcanzar ese valor? Con tres medidas:

- Caducidad de la Resolución 46, que había sido implementada en 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri y ofrecía un precio para el gas que oscila entre USD 7,50 por MMBTU en 2018 y USD 6 por MMBTU en 2021. El Plan GasAr adoptado en el año 2020 permitió establecer un precio promedio de USD 3,50 por MMBTU. Según los datos oficiales, el fin de la Resolución 46 permitirá, en términos de subsidios, una reducción de aproximadamente USD 600 millones, con respecto a 2021.

- Obras de infraestructura para el sector previstas en el presupuesto 2022 por más de $100.000 millones (principalmente para la construcción de gasoductos), que permitirá una mejora en la distribución federal de la energía, mayor ahorro fiscal producto de sustitución de importaciones y menor costo del gas.

- Segmentación en el subsidio de las tarifas. De acuerdo con el Gobierno, ese cambio permitirá construir un esquema tarifario “más progresivo a través de un uso eficiente de los recursos del Estado”. La segmentación, tal como informó Infobae la semana pasada, implica que muchos hogares de ingresos más altos dejen de recibir o tengan un recorte en los subsidios a las tarifas.

En el año 2020 se mantuvo el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos —la electricidad en el AMBA y el gas a nivel nacional— y en 2021 hubo aumentos menores a los dos dígitos: 6% para el gas y un 9% para la electricidad.

El Presupuesto 2022 proyecta realizar las “acciones necesarias” para profundizar la tarifa social de gas natural por redes y ampliar el universo de beneficiarios con bajos recursos económicos, incluyendo también clubes de barrio, empresas recuperadas y cooperativas. Según el detalle del proyecto, el subsidio a hogares de bajos recursos (sin servicios de gas por redes) alcanzará a 3 millones de hogares.

La propuesta de segmentación de las tarifas, por la que cada usuario pasaría a pagar por los servicios públicos de gas y electricidad de acuerdo con su rango de ingresos, había arrancado con fuerza a comienzos de año e incluso fue uno de los temas anunciados por el presidente Alberto Fernández en marzo, durante la apertura de las sesiones del Congreso. Sin embargo, la complejidad de implementar esquemas de tarifas diferenciadas y las “internas” entre los funcionarios del área demoraron su avance.

La tensión sobre la dirección de la política tarifaria dentro del Frente de Todos se hizo evidente con el fallido pedido de renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que responde políticamente a la vicepresidente, Cristina Kirchner.

Una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar previamente quién está realmente puertas adentro de cada uno de los hogares que recibe un subsidio. En el sector servicios no siempre el titular identificado es el que vive en ese domicilio: la gente alquila, se muda, vende una propiedad y modifica su domicilio pero no siempre esos cambios se ven reflejados en la titularidad de los servicios.

Durante el Gobierno de Cristina Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se definió como “sintonía fina”. A fines de 2011, dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires (Recoleta, Puerto Madero, el corredor de Libertador) y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá.

Ahora, la segmentación prevista podría ser mucho más amplia y apelar a diferentes indicadores, no solo la zona de residencia. La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponible a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, AFIP y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar los secretos fiscal y bancario y que luego esa información llegue empresas privadas.

Las mayores dificultades para segmentar parecen por ahora no estar en los sectores socioeconómicos más bajos, donde se puede apelar a la información de Anses sobre jubilados o quienes reciben AUH o planes sociales. En el sector medio y alto, las variables a considerar pueden ser más amplias, se cuentan con datos de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y responsables inscriptos, pero en segmento de mayores ingresos también hay mucha informalidad.

Históricamente, en la época de mayores subsidios a la energía eléctrica, el usuario pagaba un 15% mientras que el Estado se hacía cargo del 85 por ciento. Hoy las estimaciones del sector señalan que se paga entre el 30% y el 40% del costo total de la tarifa de energía eléctrica y el 65% en el caso del gas. Aunque en este caso, la red de gas alcanza solo a un 60% de la población.

FUENTE: Infobae.