“Considerando las bajas en las ventas registradas por los comercios en los últimos meses condicionadas por la falta de mercadería y el quiebre de stock por la escasez de insumos para su fabricación, el sector privado no está en condiciones de hacer frente a esta exigencia arbitraria. También hay que tener en cuenta, que en esta provincia hay una dependencia del empleo público; tenemos una economía que depende de esos salarios y que venimos de muchas dificultades para seguir sobreviviendo. Este decreto del Ejecutivo Nacional es el golpe de gracia para muchos pequeños comercios y pymes que les resultará imposible pagarlo por la crisis que padece el sector, y más aún que a fin de año se suman el inminente pago del sueldo, aguinaldo y vacaciones, por lo que asumir el desembolso de un bono atenta contra la rentabilidad de la actividad comercial y productiva”, se indicó desde la CCIARG.

“Si bien reconocemos la necesidad de una recomposición en los ingresos de las familias que se ven afectados por el constante incremento de los precios, el sector comercial y de servicios de la ciudad es uno de los grandes afectados por esta crisis económica, por la que ya acumulan seis meses consecutivos de caídas interanuales en las cantidades vendidas, como lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades”, se agregó.

Por último, se remarcó que “se rechaza esta disposición del Gobierno nacional y se advierte que deja al sector privado expuesto a futuras interpretaciones y decisiones unilaterales por parte de los gobernantes, siendo una clara y peligrosa intromisión en las finanzas del sector privado”.