"Fue un día histórico por la amplitud de la movilización", afirmaron los principales gremios en un comunicado conjunto en el que insistieron en que "el gobierno debe retirar su proyecto".

Unos 1,28 millones de persona, según el gobierno, y 3,5 millones según la Confederación General del Trabajo (CGT), participaron en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas y ligeramente superior a la del 31 de enero. "Fue un día histórico por la amplitud de las huelgas y de la movilización", afirmaron los principales sindicatos en un comunicado conjunto en el que insistieron en que "el gobierno debe retirar su proyecto".

"Su silencio ya no es posible"

La segunda economía de la Unión Europea (UE) vivió su sexta jornada de huelga desde el 19 de enero, como medida de fuerza de los sindicatos contra el proyecto del gobierno de Macron de endurecer las condiciones para acceder a una pensión completa. Al término de la jornada, el frente sindical pidió al presidente francés una reunión "urgente" porque su "silencio ya no es posible" y convocó una nueva protesta el sábado y otra la próxima semana, coincidiendo con momentos clave del trámite parlamentario del proyecto. 

"No nos rendiremos. Tenemos que impactar al gobierno para que ceda", dijo Patrick, un jubilado del sector ferroviario de 61 años, que se manifestó bajo la lluvia junto a unas seis mil personas más, según los sindicatos, en la ciudad norteña de Calais. Por su parte una trabajadora que intentaba tomar un transporte público expresó: "No hay muchos trenes, es bastante complicado para los que tienen que ir a trabajar sobre todo cuando vives lejos, pero también entiendo que la gente esté harta de trabajar cada vez más".

El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, dijo que se trataba de una movilización histórica porque lograron "mostrar la determinación del mundo del trabajo", y agregó que el gobierno "no puede seguir haciendo oídos sordos". 

Los gremios también apoyaron las manifestaciones del miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer, y del jueves, a pedido de los estudiantes, dos de los colectivos que se ven entre los más perjudicados por la reforma. Frente a ellos, el mandatario francés se juega una parte importante de su crédito político, después de que la pandemia lo obligara a abandonar una reforma anterior durante su primer mandato, marcado además por la protesta de los "chalecos amarillos".  

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se siguen oponiendo a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de aportar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa. Una mayoría apoya las huelgas. 

Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el gobierno, evitar un déficit en la caja de las pensiones. "Cumpliremos el objetivo" de un sistema equilibrado para 2030, dijo su vocero, Olivier Véran, en la cadena de televisión France 2.

Las marchas se desarrollaron en general con normalidad el martes, aunque como es habitual algunos grupos minoritarios provocaron daños materiales y protagonizaron enfrentamientos con la policía, en particular en París, donde había 43 detenidos por la noche. El prefecto de policía de París, Laurent Nuñez, atribuyó los enfrentamientos y destrozos a "individuos extremadamente radicalizados", en declaraciones al canal BFM.

La CGT calcula que unas 700 mil personas acudieron a esta nueva jornada de protestas en la capital francesa. Se trata de una cifra que duplica el número de manifestantes que salieron a las calles en la última convocatoria, el pasado 16 de febrero. A nivel nacional, el sindicato contabilizó unas 30 mil personas en Niza, 24 mil en Caen, 17 mil en Angers, 15.500 en Pau y 7.500 en Reims.

"Entre el pueblo y una sola persona"

El excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa (LFI), sostuvo que el responsable directo de la actual situación es el presidente Macron, a quien exigió que tome "la iniciativa democrática". Para Mélenchon, que habló con la prensa en Marsella, la solución pasa por retirar la reforma, disolver la Asamblea Nacional o convocar un referéndum.

"Estamos en un evento de la historia de nuestro país con una movilización social como no la habíamos visto en 30 o 40 años. Este es un gran enfrentamiento entre todo el pueblo y una sola persona: el presidente de la República", aseguró el líder de izquierda desde la concentración en la ciudad de Marsella.

Luego de semanas de protestas pacíficas infructuosas desde el 19 de enero, los sindicatos recrudecieron su pulso contra un gobierno firme en su posición, al término de las vacaciones escolares de invierno en Francia. El objetivo era "paralizar" la economía. 

La jornada amaneció con rutas bloqueadas de Rennes a Perpignan, con la suspensión de la expedición de combustible de todas las refinerías y una huelga de los recolectores de basura, con escuelas cerradas, trenes y vuelos anulados.

En Annonay, bastión del ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, más de dos mil hogares se quedaron sin electricidad, indicó la empresa Enedis. Otros posibles "cortes salvajes" de suministro se registraron en Boulogne-sur-Mer y Neuville-en-Ferrain, al norte. El lunes, los huelguistas ya habían paralizado tres de las cuatro terminales de metano por siete días y, desde el viernes, hacen caer la producción eléctrica en el sector nuclear.

El gobierno no cede

Pese a la fuerte movilización en las calles, el porcentaje de huelguistas era inferior al registrado al inicio del movimiento, sobre todo entre los trabajadores del servicio de trenes (un 39 por ciento al mediodía según los sindicatos) y los profesores (un tercio según el gobierno). 

Luego de fracasar en su intento de convencer sobre la necesidad de la reforma para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, la primera ministra, Élisabeth Borne, busca ahora desacreditar al movimiento opositor y el lunes calificó la nueva estrategia sindical de irresponsable. "Los más perjudicados por las huelgas serán los franceses más modestos", afirmó Borne, en una entrevista televisiva en la que remarcó que una eventual paralización del país será "mala para los ciudadanos". 

La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de trenes y subtes durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública. 

Pero más allá de las intenciones sindicales, el impacto económico de las huelgas será esta vez "limitado", según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PBI.

Mientras tanto el proyecto de reforma sigue su trámite parlamentario. Tras su paso por la Asamblea el pleno del Senado debate las propuestas desde el jueves pasado, que salen adelante gracias al apoyo de la oposición de derecha. El gobierno eligió un polémico procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate y le permite aplicar sus medidas si las dos cámaras del Parlamento no han aprobado el mismo texto para el 26 de marzo. 

Los senadores votarían el proyecto a fines de esta semana. Más tarde, una comisión mixta entre Asamblea y Senado estudiará el texto final. Algunas voces, como la de Melenchón, subrayan que la única salida para Macron sería la convocatoria de un referéndum, algo que la diputada ultraderechista Marine Le Pen también apoya, o la disolución de las cámaras, en cuyo caso el partido de Le Pen tendría ventaja según los sondeos.

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