El narcotráfico volvió a la agenda luego de los violentos hechos ocurridos en Rosario y ahora Juliana Di Tullio, senadora del Frente de Todos, presentó un proyecto inesperado que busca combatirlo: una ley antidoping para que los tres poderes del Estado deban realizarse controles.

 "La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia", afirmó Di Tullio luego de conocerse el proyecto de ley que llegará a la Cámara Alta.

Los exámenes de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina propuestos por Di Tullio serán obligatorios para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de manera aleatoria y al menos una vez al año según se informó desde el bloque oficialista.

La lucha contra el narcotráfico derivó en varios cruces tanto dentro del oficialismo como entre funcionarios y políticos de la oposición, pero ahora surge esta propuesta que sorprendió.

Antidoping a la política: quiénes deberán hacerse el examen 
Según el proyecto de ley, el control sobre los tests estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y alcanzaría a:

Poder Ejecutivo: Presidente o Presidenta de la Nación, vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, ministros o ministras y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado. 
Poder Legislativo: Legisladores y legisladoras y funcionarios hasta el rango de prosecretarios. 
Poder Judicial: Los magistrados en todos sus niveles, y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo. 

 El proyecto prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, "la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación".  La iniciativa está encabezada por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, senador José Mayans; y además de Di Tullio, lleva las firmas de la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.

FUENTE: El Cronista.